Con motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano, que se conmemora el próximo lunes, 8 de abril, AI recordó que los casi 6 millones de personas de etnia gitana que se calcula que viven en países de la UE “figuran muy por debajo de casi todos los indicadores de desarrollo humano”.

“Ocho de cada diez están en situación de riesgo de pobreza, y sólo uno de cada siete adultos jóvenes gitanos ha terminado la educación Secundaria superior”, subrayó la organización.

Además, prosiguió, “los desalojos forzosos de personas gitanas siguen siendo la norma en lugar de la excepción en varios países europeos, como Rumanía, Italia y Francia”.

También afirma que en Madrid, "las autoridades han desalojado a 54 familias gitanas del poblado de Puerta de Hierro, sin garantizar a la mayoría de ellas un alojamiento adecuado” y añade que las educación de estas comunidades está segregada en la República Checa, Grecia y Eslovaquia, lo que es “contrario a las leyes nacionales y de la UE que prohíben la discriminación racial”.

Ante esta situación, Amnistía indica que como órgano ejecutivo de la UE, la Comisión Europea tiene facultades para actuar contra los Estados miembro que incumplan las leyes, directivas y la Carta de derechos.

Sin embargo, afirma que hasta el momento esto no se ha producido nunca respecto de las políticas y prácticas que discriminan a las personas gitanas o a las de otra minoría étnica.

Según AI, “vemos una Comisión que sanciona a los países sobre cuestiones técnicas en áreas como el transporte o los impuestos, pero que no aborda cuestiones de vital importancia para millones de personas como los desalojos forzosos, la segregación y los ataques motivados por el odio".

Por ello, entiende que la UE no hace lo suficiente para combatir la discriminación contra el pueblo gitano en su seno y exige medidas eficaces a fin de erradicar este fenómeno en las legislaciones y prácticas de sus Estados miembro.