Bernal, antiguo miembro del consejo de Administración de la CAM, ha admitido este extremo en su declaración como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez, quien investiga los créditos irregulares concedidos a Avilés por un valor total de 17 millones de euros.

El vicepresidente de Murcia, quien también es consejero de Economía y Hacienda y diputado del PP en el Parlamento regional, explicó que, cuando se le presentaron las operaciones crediticias bajo investigación, solicitó documentación adicional a la Comisión Ejecutiva de la CAM, según explicaron fuentes jurídicas presentes en la declaración. Bernal dijo sin embargo que avaló las concesiones de los créditos sin haber recibido la información adicional solicitada.

Natalia Caballé, otra de las exconsejera de la CAM que ha declarado hoy ante Gómez Bermúdez, especificó que eran la antigua directora general, María Dolores Amorós, y el exsecretario general, José Pina Galiano, los que informaban al Consejo de Administración sobre las operaciones de crédito que debían aprobar.

RONDA DE DECLARACIONES

El magistrado de la Audiencia Nacional también ha interrogado hoy a los exconsejeros de la CAM Pere Joan Devesa, José Enrique Garrigos, Susana Maestre, Manuel Muelas, Juan Pacheco y Rosa Ana Perán.

Las fuentes jurídicas consultadas han explicado que algunos de estos exresponsables han asegurado que los créditos concedidos a Ávilés no contaban con el informe técnico del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF).

La ronda de declaraciones de los antiguos miembros del Consejo de Administración de la CAM se produce en el marco de la pieza separada abierta por Gómez Bermúdez para investigar los créditos –algunos con fondos públicos- concedidos por la CAM a Avilés, quien supuestamente destinó el dinero a fines para los que no estaban autorizados.

En la causa principal están imputados cinco exdirectivos de la CAM, entre ellos Amorós, por delitos societarios, de estafa y de maquinación para alterar el precio de las cosas. Además de Amorós, están encausados los exdirectivos Vicente Soriano, Teófilo Sogorb, Modesto Crespo y Roberto López Abad.

Las diligencias contra los antiguos responsables de la entidad bancaria se abrieron en noviembre de 2011, cuando la Audiencia Nacional admitió la denuncia presentada por cerca de 500 afectados por las participaciones preferentes.

Tras la intervención, que tuvo lugar pocos meses después de que la entidad anunciase unos beneficios de 38,9 millones de euros, se destaparon diversas irregularidades, como la concesión de pensiones vitalicias para la cúpula directiva.