Durante su comparecencia ante la Comisión de Educación del Senado, Wert negó que esta reforma atente contra el modelo de inmersión lingüística catalán, que es “plenamente constitucional”.

La disposición adicional 28 del anteproyecto de la Lomce se limita a garantizar “el derecho a la escolarización en castellano como lengua vehicular” en aquellas zonas donde la oferta pública no asegure este mínimo, afirmó Wert, quien precisó que esto no sucede en los modelos de bilingüismo integrado de País Vasco o Valencia.

En estos últimos casos, la Lomce no contempla la posibilidad de solicitar una escolarización total en castellano, puesto que el mínimo que exige la Constitución “ya está garantizado”, destacó.

A su juicio, el Ministerio no está “en una posición intransigente ni maximalista”, y “solo tenemos que ponernos de acuerdo en lo que entendemos al leer su articulado”. “Ni se niega la inmersión lingüística ni se invaden competencias”, insistió Wert en respuesta a las críticas de los grupos del PSOE, la Entesa, CiU, Amaiur y PNV.

Según la portavoz del PNV, Ruth Martínez, “la Lomce supone una invasión ilegítima de competencias”, y en muchos casos limita el papel de las comunidades autónomas para gestionar la aplicación de sus normas derivadas.

La misma idea expresó el senador de CiU Ramón Alturo, para quien “esta reforma sobrepasa todas las líneas rojas”, al “establecer asignaturas de primera y de segunda” y “homogeneizar todos los contenidos del currículum a través de las reválidas”.

Otros ejemplos de “invasión competencial” que a su juicio implica la Lomce se refieren a la distribución del currículum (entre el Estado y las comunidades autónomas) y al desarrollo e implantación de la FP Dual.

Además, la Lomce “relega la asignatura de catalán a una simple materia autonómica de la que hasta algunos alumnos podrán estar exentos”, agregó Arturo.

A esto respondió Wert que todas las lenguas cooficiales recibirán el mismo tratamiento que las asignaturas troncales, en cuanto a importancia y carga horaria. Incluso, aseguró, las comunidades tendrán la posibilidad de asignar más horas a estas materias y dispondrán de todas las competencias referentes a su evaluación.