En el encuentro informativo han participado Beatriz Sánchez Álvarez, fiscal delegada de Extranjería de Madrid; Marta González, coordinadora del Proyecto Esperanza; Elena Hernández, del grupo de investigación 'Poblaciones-mercancía', y Ramón Esteso, responsable de la Unidad de Inclusión Social de Médicos del Mundo.

En el mundo, 20,9 millones de personas son víctimas de trabajo forzoso, de las que le 80% son mujeres y niñas. A pesar de los avances experimentados en materia legislativa, consideran que es necesario avanzar en el reconocimiento de recursos explícitos para las víctimas y en la formación de todos los agentes implicados para la detección de este delito, que raras veces es denunciado por la propia víctima.

Según Marta González, la trata “afecta principalmente a mujeres jóvenes de multitud de nacionalidades, procedentes de América Latina, África subsahariana, países de Europa del este, incluso de países de la UE, como Rumanía o Bulgaria; y cada vez más de países asiáticos como Tailandia China o Mongolia. Estas personas son sometidas principalmente a explotación sexual, aunque también en el servicio doméstico, o en otros sectores laborales como la agricultura la hostelería o la venta ambulante, además de para la práctica de la mendicidad”.

Considera que visibilizar estas situaciones de explotación es imprescindible, no sólo para una adecuada atención a las víctimas, sino también que para ellas mismas se reconozcan como tales.

España no es sólo un país de tránsito, “sino también, y principalmente, de destino”, afirmó Ramón Esteso, de Médicos del Mundo. Dijo que España es, en ocasiones, un “campo de prácticas” en lo que a explotación sexual se refiere, ya que en casos como el de Médicos del Mundo han identificado en su red internacional multitud de mujeres que actualmente son explotadas en otros países tras haber ejercido la prostitución varios años en España.

Beatriz Sánchez puso de manifiesto que la investigación judicial es muy complicada, ya que, aunque en los últimos años se ha realizado un gran esfuerzo por la fiscalía y se ha mejorado enormemente la respuesta a estos delitos, en lo que refiere a formación y asesoramiento a distintos órganos judiciales, así como en la acción coordinada con ONGs y grupos especializados de investigación policial; en demasiadas ocasiones se cuenta únicamente con el testimonio de la víctima varios años después, e investigar los lazos existentes en las redes internacionales es un proceso extremadamente complejo.

Pasos como el de desligar este delito de la inmigración ilegal –que discriminaba a personas víctimas de la trata dentro de nuestro país o de la Unión Europea-o la ampliación en la concepción de fines de explotación –considerando no sólo la sexual sino también la laboral o la mendicidad forzosa- son algunos de los principales avances que han tenido lugar en nuestro sistema judicial, al igual que la no "necesariedad" de violencia, engaño o intimidación en el caso de los menores para que exista delito, según explicó.

Por su parte, Elena Hernández, miembro del grupo de investigación 'Poblaciones-mercancía. Tráfico y trata de mujeres en España' y docente de la UNED, quiso destacar la necesidad de la investigación social en este campo, que “está totalmente olvidada y se cree que no sirve para nada” en nuestro país, pero que es crucial para el desarrollo de leyes y actuaciones adecuadas para la lucha contra la trata de personas, como lo ha sido para el combate a la violencia de género.

Poner en marcha recursos explícitos, como centros de atención y acogida que mejoren la atención actual, más superficial y deficiente, y desarrollar campañas y labores de sensibilización son, en opinión de todos los participantes, algunos de los aspectos más importantes que se echan en falta en la actualidad.