Según el Gobierno, estas medidas están destinadas a proporcionar un "mejor entorno regulatorio" a los agentes económicos para que disfruten de una posición más competitiva en el momento en que se inicie la recuperación económica.

El anteproyecto incorpora un conjunto de reformas estructurales que facilitarán que las empresas y los agentes económicos españoles orienten su actividad hacia sectores con potencial de crecimiento a largo plazo, generadores de empleo y sostenibles desde un punto de vista económico, social y medioambiental.

"Esta Ley forma parte de una estrategia que tiene como objetivo fundamental sentar las bases para un modelo de desarrollo y crecimiento de la economía española más sostenible", sostiene el Ejecutivo.

La Ley se articula sobre tres grandes pilares: la mejora del entorno económico, el impulso de la competitividad y la apuesta por la sostenibilidad medioambiental.

Uno de los principales objetivos de la nueva norma es establecer principios de buena regulación económica para crear un marco normativo "estable" y "predecible" con bajo nivel de cargas administrativas.

En primer lugar, se acomete una "profunda reforma" de los organismos reguladores y de su estructura y normas de funcionamiento con el fin de dotarlos de mayor independencia, transparencia y publicidad en sus actuaciones, mejorar su estructura de gobernanza y su sistema de rendición de cuentas.

Así, se reduce el número de miembros de los Consejos al presidente y cuatro consejeros, nombrados por el Gobierno con un mandato de seis años sin posibilidad de renovación. Los presidentes de cada organismo estarán obligados a dar cuenta de sus actuaciones anualmente ante el Parlamento.

En cuanto a los mercados financieros, se procederá a la reforma de la Ley del Mercado de Valores, que obliga a las sociedades cotizadas a poner a disposición de los accionistas un informe sobre remuneraciones y a votarlo en la Junta General, así como la reforma de la Ley de coeficientes de inversión.

Igualmente, se procederá a la regulación de la comercialización de los planes y fondos de pensiones, para mejorar la protección al consumidor y la seguridad jurídica de las entidades comercializadoras. Finalmente, se da luz verde a la libertad de elección de los asegurados.

SOSTENIBILIDAD

En cuanto a la sostenibilidad financiera en las Administraciones Públicas, se creará un grupo especial de evaluación del gasto que analizará, tanto los programas de gasto, como la estructura y procedimientos de los diversos ministerios y organismos públicos, y realizará recomendaciones para incrementar su eficiencia.

Para ello, se regulará la contratación pública y colaboración público-privada, con la intención de agilizar la contratación pública en plazos y procedimientos, mediante la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público.

El texto también presta especial atención a la competitividad. En concreto, trabajará por la simplificación administrativa, así como por la reducción de los plazos para la creación de empresas o la reforma de la Ley del Catastro Inmobiliario.

En materia de nuevas tecnologías, el anteproyecto de ley de Economía Sostenible asegura la banda ancha universal a partir de 2011 a una velocidad de 1 mega.

Por otra parte, el texto incluye el incremento del porcentaje de deducción en el Impuesto sobre Sociedades para las actividades de innovación, pasando del 8% actual al 12%.

El Gobierno también actuará en la fiscalidad de la vivienda. En este caso, la deducción por compra de vivienda habitual, a partir de enero de 2011, se modificará, limitándola a las rentas inferiores a 24.107,20 euros. No obstante, los contribuyentes que adquirieran su vivienda habitual antes del 31 de diciembre de 2010 podrán continuar con las deducciones del sistema actual.

La equiparación fiscal de la deducción por alquiler respecto de la deducción por compra de vivienda es otra de las medidas que se han incorporado a la Ley de Economía Sostenible.