El Ejecutivo explicó que esta ley busca, en primer lugar "reforzará el funcionamiento del sistema financiero español y de otros operadores económicos para evitar que puedan ser utilizados para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo".

Al mismo tiempo, se pretende "incorporar a la normativa española en su totalidad el contenido de la directiva europea sobre prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, así como la normativa posterior que establece criterios para su aplicación práctica".

El proyecto de ley enviado al Congreso establece una serie de obligaciones a bancos y otras entidades, como examinar y comunicar operaciones sospechosas, así como conservar documentos durante un mínimo de diez años.

En lo que se refiere a la prevención, se contempla que se examinará a todo comerciante que reciba fondos en metálico en cuantía superior a 15.000 euros.

Además, el proyecto elaborado por el Gobierno extiende las obligaciones existentes de prevención del blanqueo de capitales (en particular, la identificación de clientes y la comunicación de operaciones sospechosas e inusuales) a la financiación del terrorismo.

Asimismo, se regulan las medidas de diligencia debida con el cliente. Entre ellas destaca la obligación de identificación del titular real de un producto u operación monetaria.