Así lo hizo en el Pleno del Congreso de los Diputados, durante el debate de la toma en consideración de una proposición de ley orgánica para la lucha contra la corrupción , en la que el Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural, pide, entre otras cosas, que las fundaciones de partidos políticos no puedan aceptar aportaciones y donaciones anónimas.

Durante su intervención, Cayo Lara destacó que su grupo ha decidido actuar ante la “inacción del Gobierno”, al que criticó que “ante el caso más grave de corrupción” acaecido hasta ahora en España, se limita a lanzar “cortinas de humo” en lugar de atajar esta lacra.

Lara, que detalló el contenido de la proposición, señaló que la corrupción daña la credibilidad de las instituciones, socavan las bases del sistema democrático y genera alarma social y desafección política en los ciudadanos.

“Las prácticas honradas se ven ensombrecidas por las delictivas”, dijo Lara, para quien “es vital que se recupere la confianza en los cargos públicos” y para eso, defendió, hay que tomar medidas como las que propone su La Izquierda Plural.

Pidió a los grupo parlamentario un esfuerzo para no perderse en “debates estériles” y trabajar por el “compromiso firme y contundente” contra la corrupción. “No valen reformas parciales y cosméticas”, sentenció Lara, quien pidió a la Cámara Baja que esté “a la altura de lo que espera la ciudadanía”.

El diputado del PP Arturo García Tizón calificó la propuesta de IU de “ley ómnibus” y criticó que al grupo parlamentario de Cayo Lara que haya presentado esta iniciativa cuando el Congreso aprobó, sin su apoyo, una resolución sobre regeneración democrática y transparencia tras el Debate sobre el Estado de la Nación.

EN SOLITARIO

“En aquel momento el tema no le interesaba y no lo apoyó”, dijo García Tizón, quien arremetió contra La Izquierda Plural por “presentar su propuesta en solitario”.

Tras acusar a La Izquierda Plural de pedir a los grupos parlamentarios que hagan “caso omiso” de aquella resolución, García Tizón aseguró que el PP “quiere continuar con la lucha” contra la corrupción, pero con los proyectos que se aprobaron tras el Debate sobre el Estado de la Nación, no con el conjunto “incoherente” de medidas que hoy defendió el grupo liderado por Cayo Lara.

El resto de los grupos parlamentarios no compartieron la opinión del PP. Así, Meritxel Batet (PSOE) pidió al PP “más ambición y más generosidad” y apoyase esta toma en consideración, pues “no abordar con consenso” la lucha contra la corrupción no permitirá afrontar un “problema que afecta a la esencia de la democracia”.

Tras destacar que en la coyuntura actual existe una “innegable sensibilidad social”, Batet dijo que es necesario abordar este tema, “cuanto antes, no, ya”.

Tras recordar las medidas que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero adoptó frente a la corrupción, Batet señaló que “cualquier medida que vaya dirigida a generar confianza entre gobernantes y gobernados ha de ser compartida”.

Destacó que “una de las virtudes de la proposición de La Izquierda Plural es que aborda los cuatro ejes donde principalmente se puede producir la corrupción”, que son la financiación de partidos, el urbanismo, los contratos en el sector público y las ayudas o subvenciones.

Por su parte, el diputado de CiU Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols señalo que “no se puede negar que existe una alarma social frente a la corrupción” y dijo que el Estado español ha de “sumirse en una catarsis” para solucionar legalmente y hacer frente a la corrupción.

JUSTICIA Y TRANSPARENCIA

Para CiU dos son las herramientas necesarias para tal fin, la rapidez de la justicia, lo cual requiere dotarla de más medios, cosa que el Gobierno no está haciendo, dijo; y otra, la transparencia, entendida como la “posibilidad de que el común de los mortales pueda saber quién es el que hace algo, cómo lo hace, cuándo lo hace, y con qué medios lo hace”. “Eso es para nosotros el concepto de transparencia”, apostilló.

Por su parte, la líder de UPyD, Rosa Díez dijo que “un país que es incapaz de combatir la corrupción política es incapaz de combatir la crisis social y la de empleo”.

“Estamos en un tiempo en el que no hay vuelta atrás. Toca estar a la altura de lo que piden los ciudadanos”, dijo Díez, para quien “luchar contra la corrupción es luchar contra la impunidad”, pero no sólo la penal, sino también la social.

En este sentido, abogó por trabajar en el reproche social de la corrupción, porque “la sociedad no debe perdonar a quien se corrompe desde un cargo político, aunque no haya una condena”.

Por parte del PNV intervino Emilio Olabarría, quien se vanaglorió que su partido ha tenido “no más de cuatro casos de corrupción en 117 años de existencia” y que cuando encuentra un caso, actúa “con contundencia”.

Por parte del Grupo Mixto intervinieron Sabino Cuadra (Amaiur) y Joan Tardà (ERC). El primero recordó que la corrupción es el segundo problema que más preocupa a los ciudadanos, según las encuestas, y criticó la cultura del “hay que ganar todo lo que se pueda y como se pueda”.

En su opinión, ese tipo de mentalidad “promueve el caldo de cultivo en el que se asientan muchas prácticas corruptas”.

TOLERANCIA CERO

Por su parte, Tardà dijo que “la gravedad del momento exige tolerancia cero”, dijo Tardà, para quien los partidos políticos son los primeros que deben dar ejemplo a la hora de actuar sobre los cargos públicos que forman parte de sus filas. Defendió que es “es absolutamente necesaria una ley de medidas contra la corrupción”.

La amplia iniciativa presentada por el grupo parlamentario que lidera Cayo Lara pide modificar, entre muchos aspectos, la Ley de Financiación de Partidos Políticos.

Propone que el apartado tercero del artículo 4 quede redactado de la siguiente forma: "Las Fundaciones constituidas por los partidos políticos, las federaciones de partidos, coaliciones y las agrupaciones de electores no podrán aceptar aportaciones y donaciones anónimas".

Además, IU propone que los partidos políticos no puedan “constituir o formar parte, directa o indirectamente, de empresas o sociedades mercantiles”. “Tampoco podrán participar, por cualquier medio, de los beneficios económicos obtenidos por empresas o entidades mercantiles”, añade la iniciativa.

“Los partidos políticos tampoco podrán aceptar o recibir, directa o indirectamente, donaciones de personas o empresas privadas que, mediante contrato vigente, presten servicios o realicen obras para las Administraciones Públicas, organismos públicos o empresas de capital mayoritariamente público o que hayan prestado dichos servicios o realizado obras en los dos años anteriores”, plantea el grupo parlamentario que encabeza Lara.

En la iniciativa, La Izquierda Plural propone además que “la misma prohibición” afecte también “a las personas o empresas que estén participando en concursos públicos para ser adjudicatarias de contratos con las administraciones públicas”.

Asimismo, plantea que la ley pase a llamarse de financiación de los partidos políticos, “federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores”.

SUSPENSIÓN PROVISIONAL

Otro de los puntos de la proposición de ley añade un nuevo capítulo a la Ley de Enjuiciamiento Criminal y recoge la “suspensión provisional de empleo o cargo público”.

Para adoptar tal medida, será preciso, propone IU, que, entre otras cosas, “aparezcan en la causa motivos bastantes para creer responsable criminalmente del delito a la persona contra quien se haya de dictar el auto de suspensión”.

Otra de las causas de la suspensión provisional sería que con ésta “se persiga evitar el riesgo de que el imputado cometa otros hechos delictivos de la misma naturaleza prevaliéndose de su empleo o cargo público”.

La proposición de ley presentada por IU -ICV-CHA: La Izquierda Plural, propone modificar además el Código Penal, la Ley de Regulación de los Conflictos de Intereses de los Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley Orgánica y la ley de Contratos del Sector Público y la Ley del Suelo aprobada por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio.

En relación a esto último, IU propone que “los terrenos objeto de actuaciones de nueva urbanización declaradas ilegales se mantendrán en la situación de suelo rural (...) al menos durante el plazo de 20 años”.