En un comunicado, el sindicato calificó de imprescindible la sustitución del actual modelo educativo por otro que priorice los conocimientos y el esfuerzo, para garantizar la igualdad de oportunidades de los alumnos.

Además, ANPE entiende que el reconocimiento legal del profesor como autoridad pública modifica positivamente la situación actual de los docentes porque la consideración de delito frente a la falta "no sólo afecta al agravamiento de la pena sino que refuerza el carácter disuasorio de las conductas agresivas que deterioran la convivencia en los centros".

Finalmente, el sindicato indica que la autoridad pública "goza de presunción de veracidad; por tanto, en caso de conflicto con alumnos o familiares, éstos soportarán la carga de la prueba".