Según explicó en un comunicado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se trata de un requisito imprescindible sin el cual no se les abonarán las cantidades que les adeudan las administraciones.

Así, los proveedores tienen que acudir a los ayuntamientos o comunidades autónomas de los que son acreedores para hacer esa gestión en formato papel hasta el viernes 22 de marzo.

La extensión del plan, dotado con 2.600 millones, pagará las facturas contabilizadas antes del 1 de enero de 2012, y los proveedores cobrarán en la primera quincena de julio.

La extensión permite acogerse al mecanismo a entidades que quedaron fuera de la primera fase. Así se incluyen las mancomunidades de municipios y las entidades locales del País Vasco y Navarra.

Igualmente, se extiende a municipios y comunidades autónomas acogidos en la primera fase que tengan deudas con proveedores en alguna de las nuevas fórmulas contractuales que se incluyen a partir de ahora.