En una entrevista concedida a Servimedia, Burgos aseguró que “no es posible configurar un sistema pensiones que atiendan a un número creciente de pensionistas haciéndolo convivir con esquemas de jubilación anticipada excesivamente importantes o generosos”.

En este sentido, admitió que la jubilación anticipada es un recurso “que puede y debe ser utilizado en algunos casos”, pero sostuvo que el porcentaje de personas que la utilizan debe reducirse “considerablemente”.

En este sentido, piensa que la jubilación anticipada en la proporción en la que se utiliza ahora en España, donde uno de cada dos trabajadores se retira antes de llegar a la edad legal, es “un claro riesgo para la sostenibilidad del sistema de pensiones”.

A su juicio, las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros este viernes ayudarán a “reconducir ese importante volumen de jubilaciones anticipadas” al porcentaje que “debería de tener un país como España”.

Sobre estas medidas, Burgos afirmó que los ahorros derivados de la reforma de la jubilación anticipada son “muy importantes” y podrían alcanzar un 50% de los gastos, que se sitúan en unos 10.000 millones de euros.

No obstante, apuntó que aunque la sostenibilidad del sistema es “importante”, el Gobierno también quiere lanzar el mensaje de que diferenciará entre las jubilaciones anticipadas “voluntarias de las que no lo son”. “No vamos a tratar igual a los que son obligados a abandonar el mercado de trabajo de quienes lo hacen voluntariamente”, subrayó.

En cuanto a la posibilidad de que los trabajadores compatibilicen su pensión con una actividad profesional, Burgos destacó que esta medida abre un “horizonte nuevo” en España que ya estaba disponible en otros países.

El secretario de Estado explicó que las jubilaciones en España por encima de los 65 años son “muy escasas” y criticó que los incentivos que existían hasta ahora para la prolongación de la vida laboral eran “claramente insuficientes”.

Por ello, el Gobierno ha optado por permitir la compatibilidad del salario y la pensión en todos los regímenes de la Seguridad Social siempre y cuando se haya cumplido la edad legal de jubilación y se tenga acceso al 100% de la pensión. “Es decir, que habiendo alcanzado las condiciones de jubilación encuentren incentivos suficientes para continuar con su actividad”, añadió.

FACTOR DE SOSTENIBILIDAD

Sobre la creación de un grupo de expertos que deberá realizar un informe sobre el establecimiento de un factor de sostenibilidad en la Seguridad Social, Burgos apuntó que es una fórmula que permite a los sistemas de pensiones adaptarse de manera “automática y objetiva, desvinculada de decisiones políticas que a veces son poco responsables”, a la evolución de los principales indicadores que le afectan, como el crecimiento de beneficiarios, la evolución del crecimiento económico o el aumento de la esperanza de vida.

Burgos detalló que “son muchos los elementos” que pueden definir ese factor de sostenibilidad y añadió que cada país “tiene el suyo”. Por esta razón, agregó que es “fundamental” que España “acierte” en los indicadores que utilizará para establecer ese factor de sostenibilidad.

El secretario de Estado recordó además que la creación de este factor la incorporó el anterior Gobierno en la última reforma de pensiones, pero no la desarrolló. Así, considera que “ha llegado el momento” de llevarlo a cabo, ya que “es un elemento que tiene que ayudarnos a cerrar el esquema de reformas de pensiones”.

“El factor de sostenibilidad es un elemento clave para sostener en el futuro el sistema de pensiones y su configuración debe responder al mayor grado de compromiso de todos”, subrayó.

PACTO DE TOLEDO

Por otro lado, Burgos defendió que las reformas decretadas este viernes van “en línea” con las recomendaciones de la Comisión Europea y, “sobre todo”, con las del Pacto de Toledo.

De hecho, aseguró que la política de “restringir” las jubilaciones anticipadas y “limitarlas a lo estrictamente necesario” y “ligarlas a las largas carreras de jubilación” responde “claramente” a las recomendaciones de estas dos instituciones.

En cuanto a la negociación en el seno del Pacto de Toledo, apuntó que el Gobierno decidió que “era obligada una respuesta rápida” ya que se vio “comprometido” por la entrada en vigor de la última reforma de pensiones, que “tuvo que ser suspendida”.

Así, señaló que el Gobierno ha “debatido, escuchado y trabajado con todos los grupos políticos” y, aunque le hubiera “gustado tener más tiempo y más posibilidades de negociación”, la situación actual de la economía española “exigió al Gobierno tomar decisiones”.

Preguntado sobre las críticas de las principales organizaciones sindicales, el secretario de Estado defendió que el esquema propuesto por el Gobierno es “justo y equitativo”, ya que “trata mejor a quien más ha aportado”, por lo que confía en que, “más allá de poses concretas”, pueda contar también con el respaldo de las organizaciones sindicales.