Ambos sindicatos manifestaron, conjuntamente en un comunicado, su crítica al real decreto por el que se retrasa de forma gradual la edad de acceso a la jubilación anticipada, de forma que en 2027 se situará en los 65 años en los casos de retiro voluntario y en los 63 años en los forzosos.

Sostienen que el Ejecutivo utiliza nuevamente la “excusa” de la situación coyuntural que atraviesa el sistema de Seguridad Social para imponer un nuevo “recorte injusto, innecesario y excesivo”.

Tachan de innecesario el cambio porque aseguran que “la reforma de la jubilación anticipada y parcial ya estaba prevista en la ley 27/2011 con un amplio acuerdo social y político”.

Aunque a la espera de un análisis más en profundidad sobre la medida, los sindicatos consideran injusta la reforma porque “se basa en gran medida en la traslación de una idea falsa de los jubilados anticipados” a los que presenta como “personas insolidarias que abusan del sistema”.

Asimismo, apuntan que supone “un endurecimiento inexplicable y excesivo en un momento en que la crisis y las reformas normativas aprobadas han facilitado el despido y disminuido las redes de protección social”.

Advierten que de no articular garantías legales, existe un "claro riesgo" de planificación empresarial y "efecto sustitución" en el empleo si no se articulan garantías legales e inspectoras suficientes. "Es imprescindible evitar que, como consecuencia de la compatibilidad, los trabajadores en activo sean sustituidos por otros con menores costes de cotización", concluyen.