En un documento de análisis sobre los efectos de la reforma legal, la entidad vaticina que la nueva norma antepondrá el economicismo a la atención de los ciudadanos y aumentará la distancia existente entre la ciudadanía y los políticos.

"Reducir el número de concejales, establecer la gratuidad del desempeño de un elevado porcentaje de ellos no es sino convertir la práctica de la política municipal en culpable de los desmanes en nuestra economía e instalarla en el estatus de permanentemente sospechosa", razona la asociación.

El documento advierte de que sin la cercanía que ha caracterizado a los servicios sociales municipales en su reciente desarrollo en España, "la ayuda a domicilio, la promoción comunitaria, el apoyo psicosocial para la integración social, la educación social para la mejora de la convivencia familiar y tantas otras intervenciones de lo que todavía son los servicios sociales municipales quedarán reducidas a entelequias asistencialistas".

Por otra parte, los directores y gerentes de Servicios Sociales muestran su preocupación por "el vaciamiento" de estos servicios que, a su parecer, hará la futura norma.

La reforma de la ley, dicen, "es inmisericorde con el medio rural, significa una puntilla definitiva a una forma de vida, no porque esa forma de vida sea poco atractiva para los ciudadanos sino porque se la disfraza obsesiva y malintencionadamente para hacerla más que indeseable, impracticable".

Además de todo esto, la asociación considera que la norma que prepara el Gobierno ataca de manera "frontal y descarada" a la autonomía municipal.

"Se trata de la definitiva subordinación del poder local al gobierno central y regional en una deriva política en abierta y flagrante contradicción con los principios ratificados por nuestro Estado en la Carta Europea de la Autonomía Local", afirma la entidad.

Finalmente, los directores y gerentes de Servicios Sociales indican que en 2011 las Corporaciones Locales gestionaron un total de 1.330 millones de euros, mantuvieron 50.007 puestos de trabajo y atendieron a unos siete millones de ciudadanos.

Los datos proceden de la Memoria del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales en Corporaciones Locales 2010-2011, elaborada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.