Así se lo dijo en la Sesión de Control al Gobierno celebrada esta mañana en el Congreso de los Diputados, donde manifestó que “por mucho que lo vista de seda”, el Ejecutivo “continúa mostrándose insensible al drama humano y social de los desahucios”.

“Están ustedes más preocupados por proteger los intereses del mercado hipotecario que a las familias. Su código de buenas prácticas ha sido un fiasco. Presionados por el impacto de los suicidios han improvisado un decreto ley que es un nuevo engaño a las familias afectadas”, denunció Coscubiela (ICV).

Señaló que mañana, jueves, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictará una sentencia sobre el sistema hipotecario español que “puede sacar los colores a los partidos que durante años han aprobado leyes que protegen a los bancos frente a las familias”.

“Hoy, familias enteras se quedan en las calles mientras los bancos tienen decenas de miles de viviendas”, dijo el diputado ecosocialista, quien instó al Gobierno a tomar medidas para que las entidades financieras acepten la dación en pago “para las insolvencias sobrevenidas y de buena fe que afectan a la primera vivienda”.

Señaló que la gente se pregunta “por qué los bancos aceptan la dación en pago de inmobiliarias y especuladores por importe que superan los 100.000 millones de euros y en cambio esos mismos bancos no aceptan la dación en pago para las familias, que además son las que están pagando con sus impuestos el agujero que han dejado estos bancos”.

A juicio de Coscubiela, los miembros del Gobierno “no tienen autoridad para continuar pidiendo sacrificios e imponer sufrimiento a las familias mientras protegen a bancos y especuladores”.

Por su parte, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, explicó las medidas que ha tomado el Gobierno, como el susodicho código de buenas prácticas y otras medidas urgentes para hacer frente al problema de la vivienda y los desahucios.

También habló de las medidas que el Gobierno tiene en mente adoptar y que ya ha anunciado, como la limitación de los intereses de demora que pueden exigir las entidades bancarias a sus clientes hipotecados, o la ampliación del ámbito de aplicación del citado código de buenas prácticas.