Según informaron a Servimedia los promotores del acuerdo, el concepto de 'especial vulnerabilidad' engloba a personas mayores, con discapacidad, familias numerosas sin ingresos o cualquier otras que así lo aprecie la autoridad judicial.

El protocolo se ha articulado en el marco de un convenio que suscribirán próximamente Gonzalo Moliner, presidente del CGPJ (que ya ha aprobado el documento); Alfonso Rueda, vicepresidente y consejero de Presidencia, Administraciones Publicas y Justicia de la Xunta, y José Manuel Rey, presidente de la FGMP.

En los casos de desahucio por falta de pago de la hipoteca, cuando el juez competente considere que puede producirse una situación de desvalimiento o de riesgo de exclusión social con el desahucio, inmediatamente lo comunicará a la Consejería de Trabajo y Bienestar de la Xunta o a los servicios sociales del ayuntamiento correspondiente, que se encargarán del mismo y encontrarán una solución al problema.

Si, por el contrario, son los funcionarios que van a llevar a cabo el desahucio los que aprecian que se va a producir esa situación de desvalimiento, informarán de inmediato al juez competente. El magistrado podrá decretar la suspensión del desahucio durante un plazo no superior a 10 días para que los servicios sociales se encarguen del caso.

En ambos casos, el Instituto Gallego de Vivienda y Suelo (IGVS) de la Xunta –que dispone de un parque de 500 viviendas-, o la FGMP –que también tienen pisos sociales- procederán al realojo de estas personas, siempre que cumplan con los requisitos establecidos, o bien les facilitarán una ayuda económica. Cualquier decisión que se tome tendrá que ser comunicada al juez competente.

En los casos de desahucio por falta de pago de renta de alquiler, el mecanismo operará de la misma forma.

Con este convenio, las tres administraciones se comprometen a colaborar estrechamente para impedir que los más necesitados se vean en la calle. Según Manuel Almenar, vocal del CGPJ e impulsor del convenio, “este es un nuevo ejemplo de que los jueces, como testigos de la realidad, están con los ciudadanos y tratan de aportar soluciones a los problemas sociales, sobre todo, de los más desfavorecidos, siempre en el marco de la ley”.