Fuentes de la dirección confirmaron a Servimedia que esta medida, anunciada en el Comité Ejecutivo Nacional del pasado 2 de febrero por la actual tesorera, Carmen Navarro, ni ha concluido todavía ni tiene previsto acabarse de manera inminente, a pesar de que el trabajo se encuentran oficialmente bastante avanzado.

La toma de declaraciones juradas a los dirigentes del PP era una de las medidas, junto a las auditorías y las demandas, que se pusieron en marcha a raíz de la publicación de los supuestos papeles de Bárcenas. El objetivo era interrogar una por a una a las personas que han ocupado un puesto de responsabilidad en la sede nacional de la madrileña calle Génova para verificar que nunca habían cobrado dinero negro.

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y la actal tesorera, Carmen Navarro, idearon esta medida para que todos los implicados suscribieran por escrito una declaración jurada de dos folios en la que aseguraban que todos los ingresos cobrados en esta formación se habían ajustado siempre a la más estricta legalidad.

Así pretendían demostrar que los papeles publicados eran falsos y que las finanzas del PP están limpias. En cambio, ahora se cuestiona internamente la oportunidad de esta medida y el partido se niega a dar datos oficiales del número exacto de personas que ya han presentado su declaración.

Los tres vicesecretarios generales del PP, Carlos Floriano, Javier Arenas y Esteban González Pons, fueron los primeros en firmarla. Después, han seguido el ejemplo algunos ministros actuales que en la última década han ocupado puestos de responsabilidad en Génova 13, como Soraya Sáenz de Santamaría, Ana Mato y Ana Pastor.

También lo han hecho los coordinadores, secretarios ejecutivos y secretarios de área de la dirección actual, considerados todos ellos integrantes del aparato del partido y que, por su responsabilidad diaria, perciben un salario de la casa. En cambio, a los que no tienen remuneración actualmente se les ha dejado fuera.

RAJOY Y LOS BARONES

La tesorera, Carmen Navarro, advirtió en el Comité Ejecutivo del 2 de febrero que todos los que hubieran ostentado un cargo y hubieran recibido sueldo de la dirección nacional tendrían que hacer lo mismo, pero la realidad es que no ha sido precisamente así.

Cuando se anunció la iniciativa, el PP aseguró a la prensa que en realidad todos los miembros del Comité Ejecutivo Nacional tendrían que firmar su declaración jurada e incluso se destacó que los barones territoriales al completo seguirían el ejemplo de Mariano Rajoy y harían públicas sus declaraciones de la Renta y Patrimonio.

Los presidentes de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y de Baleares, José Ramón Bauzá, fueron prácticamente los primeros en hacerlo, antes incluso que Mariano Rajoy, a pesar de que el isleño se mostró reacio cuando el partido propuso esta iniciativa en la Ejecutiva de principios de febrero.

Después siguieron el mismo camino otros presidentes, como el gallego Alberto Núñez Feijóo, la aragonesa Luisa Fernanda Rudi, el valenciano Alberto Fabra, y el cántabro Ignacio Diego, que difundió un resumen de sus ingresos y bienes en lugar de publicar los documentos oficiales.

Otros presidentes autonómicos, como el riojano Pedro Sanz o la manchega María Dolores de Cospedal, no lo han necesitado porque la ley ya les obliga en sus respectivas comunidades a difundir anualmente los datos.

UNOS SÍ, OTROS NO

La cosa cambia con los cargos internos de segundo y tercer nivel. Un mes después de anunciarse las declaraciones juradas, la tarea aún está pendiente. La inmensa mayoría de los miembros del aparato del PP han pasado por el despacho de la tesorera para responder a sus preguntas y han suscrito la declaración jurada, según han confirmado individualmente a Servimedia.

Todos ellos aseguraron ante la guardián de las finanzas del PP que los cobros siempre se han ajustado a la legislación y, por lo tanto, nunca han recibido dinero en sobres como los que presuntamente repartía Bárcenas cuando era gerente del partido y dejaba constancia en la supuesta contabilidad B.

Pero hay algunos miembros de la actual dirección del partido que se han evitado el trámite. Los cargos que no tienen remuneración y los vocales del Comité Ejecutivo Nacional que no trabajan a diario en la sede de Génova 13 tampoco han tenido que responder a las cuestiones de la tesorera. A los representantes de Nuevas Generaciones igualmente se les ha dejado al margen.

Los propios afectados admitieron a Servimedia no tener muy claro el objetivo de esta medida y quiénes debían someterse a ella, pese a que la tesorera la entregó en papel a todos los que asistieron al Comité Ejecutivo Nacional del pasado 2 de febrero. Unos recuerdan que allí se explicó que las declaraciones juradas sólo tenían que cumplimentarlas los que tuvieran un cargo en Génova y otros manifiestan que en realidad afectaban a todos los que alguna vez hubiera cobrado un salario en la dirección nacional.

Esto último implicaba convocar a cada una de las personas que en los últimos 20 años han dispuesto de despacho en la sede de Madrid. A los que todavía mantienen una estrecha relación con el equipo de Cospedal sí se les ha pedido pero otros, más distanciados, están esperando todavía a que les llamen para hacer su declaración jurada, puesto que se encuentran plenamente dispuestos a ello.