Sáenz de Santamaría explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que este equipo de personas ya ha empezado a trabajar en las modificaciones legislativas que aprobó el Congreso de los Diputados durante el Debate sobre el Estado de la Nación.

Bajo la coordinación del secretario de Estado para las Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, este grupo de trabajo tratará de definir cómo llevar a cabo las medidas consensuadas entre los grupos parlamentarios.

Sáenz de Santamaría recomendó "poner en valor" que en el Debate sobre la Nación se obtuvo un amplio acuerdo entre los partidos para aprobar una resolución de medidas contra la corrupción.

Entre ellas se encuentran un mayor control del sistema de financiación de los partidos políticos, la creación de un estatuto del cargo político con obligaciones claras de transparencia, el endurecimiento del Código Penal contra estos delitos y la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para acelerar las investigaciones que afecten a cargos públicos, entre otras cosas.

Sáenz de Santamaría señaló que la resolución que el Congreso aprobó con el respaldo de PP, CiU, UPyD, CC y UPN para intensificar la lucha contra la corrupción recoge "sensibilidades y propuestas" variadas que deben tenerse en cuenta.

Garantizó que el grupo de trabajo recién creado buscar aglutinar todas ellas dado que son "de diferente naturaleza" y poner por escrito las medidas que lograron un "consenso amplio" en la Cámara Baja.

'CASO BÁRCENAS'

Preguntada sobre el 'caso Bárcenas' y el daño que puede estar causando a la imagen del Gobierno, la vicepresidenta indicó que en La Moncloa sólo están preocupados de "dar los máximos instrumentos legales" a los jueces "para que puedan perseguirse y prevenirse" todas las conductas corruptas.

Aseguró que "la mejor forma de reaccionar ante la corrupción es que los tribunales actúen" y recalcó que, para ello, el Ejecutivo está desarrollando esta reforma legislativa para "poner en marcha un conjunto de medidas".

Sáenz de Santamaría presumió de que el paquete de medidas que promueve el Gobierno es "muy ambicioso y muy profundo" y expresó su total respeto a la "independencia de los tribunales y la Fiscalía".

Cuando se le preguntó como experta en leyes si es correcto definir el finiquito de Luis Bárcenas en el Partido Popular como un despido "simulado en diferido", como hizo María Dolores de Cospedal hace dos semanas, la vicepresidenta se amparó, para no hablar del asunto, en que su especialidad no es el Derecho Laboral.