García dijo a Servimedia que advertir de que una sentencia que dictara la inconstitucionalidad de algunos aspectos del Estatuto "puede suponer un menoscabo de la dignidad del pueblo catalán", y que "habría que atenerse a las consecuencias" en forma de respuesta social, "excede el ejercicio legítimo del derecho a la lbertad de expresión y opinión".

A su parecer, la iniciativa de los diarios catalanes "envuelve una manifesta y grosera injerencia" para mover la voluntad de los magistrados. "El resto son películas, eso lo ve cualquiera", enfatizó.

Según explicó, "lo único que está haciendo el TC es ejercer la función que tiene constitucionalmente encomendada, el control de la constitucionalidad de las leyes, y pedirle lo contrario sería pedir al garante último de los principios constitucionales que se mueva al margen del contexto constitucional", lo cual sería "un disparate" y algo "absolutamente esquizofrénico".

DESLEGITIMACIONES

El presidente de la APM ve normal que, "con la que está cayendo", se extienda una sospecha de "quiebra de la independencia del tribunal", pero, a su juicio, "debería ser desmentida con toda urgencia por la presidenta" María Emilia Casas, compareciendo en público "hace ya mucho tiempo" de una manera "prudente, contenida e institucionalmente responsable", pero con plena "fortaleza".

García no comparte la idea de que la de los periódicos catalanes sea sólo una presión más de las muchas de las que está siendo objeto el TC por este recurso, pero advirtió de que, aunque fuera cierta, no serviría de "coartada ni eximente de lo que ahora está ocurriendo". Según subrayó, esto no sería "un argumento" y sólo supondría "profundizar en el error y el mal hacer".

También negó "rotundamente" que el que varios miembros del TC están pendientes de reemplazo deslegitime su decisión, pues "la ley ya prevé que en ese supuesto se ejerce en funciones" y "el tribunal, con su composición actual, es tan tribunal como lo será" tras su renovación. Además, añadió, su estado no debe reprocharse a los jueces, sino a quien ha de designar a sus sustitutos.

Lo mismo ocurre, según el portavoz de la APM, con las acusaciones de politización del TC, que, según ese razonamiento, "quedaría deslegitimado en este y en cualquier otro caso". Aunque admitió que "habría que introducir elementos de despolitización" en este tribunal para "preservar su halo de independencia e imparcialidad", señaló que "ese problema debería atribuirse a quien lo ha generado", en referencia a los propios partidos.