Así lo señaló en la ponencia ‘El reconocimiento jurídico de la discapacidad en los tratados de la Unión Europea’, enmarcada en la jornada ‘La Constitución Española de 1978: materiales para una posible reforma’, organizada por el Cermi y la Fundación Derecho y Discapacidad, y celebrada hoy en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales del Ministerio de la Presidencia.

En el plano europeo, aseguró también que hay margen para un "mayor y mejor" reconocimiento jurídico de la discapacidad en los tratados de la UE, ya que, para él, "no ha habido un interés en unificar el concepto de la discapacidad de la UE". Y, además, hizo referencia a los casos de Alemania, Austria y Finlandia como países en los que, a través de disposiciones constitucionales recientes, se incluyen menciones "más específicas" a la discapacidad. En su opinión, estas iniciativas "confirman la tendencia general hacia el modelo de igualdad de oportunidades".

Para el catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, Rafael de Asís, la Convención de la ONU ofreció una nueva visión sobre la discapacidad, como es la existencia de dos modelos, el social y el de diversidad. En este sentido, destacó en ella un "discurso más fuerte", ya que sitúa a la discapacidad en el discurso de los derechos, y no de las prestaciones.

Además, en su opinión, la reforma de la Constitución en materia de discapacidad debe hacerse a la luz de la Convención y atender, por un lado, la inclusión en cuanto al artículo 14; y, por otro, con respecto al artículo 49, una reformulación en cuanto a su terminología, como “igual capacidad”, “autonomía personal”, “atención a las situaciones de dependencia”, “accesibilidad universal”, “ajustes razonables”, “derecho al uso de medidas de apoyo”, así como a la lengua de signos. Asimismo, ha llamado la atención sobre la “necesaria” separación de los conceptos de dignidad y de capacidad, que “son un lastre”.

En relación al principio de igualdad, Jesús López-Medel, abogado del Estado y miembro de la Fundación Aequitas y de la Fundación CGAE, ha señalado el que se recoge en la Constitución Española y ha animado a "lograr la transversalidad del planteamiento de igualdad hacia una especial atención y sensibilidad para los colectivos con necesidades especiales".

En este sentido, habló de una vinculación de este derecho al principio de Justicia; a su presencia en un país social y democrático y en una sociedad “avanzada”; a la implantación de medidas de protección o discriminación positiva; al concepto de dignidad, que supone la ausencia de discriminación y una protección efectiva; o al concepto de capacidad.

Por su parte, el profesor titular del Filosofía de Derecho de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Antonio Luis Martínez-Pujalte, apeló a la obligación de los poderes públicos para desarrollar políticas de derechos fundamentales, con el objetivo de promover las condiciones que aseguren el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, así como la adopción de medidas de acción positiva. En este sentido, ha incidido en que "lo que no pueden hacer los poderes públicos es adoptar disposiciones legislativas que corten la libertad de las personas".

También afirmó que "no es estrictamente necesario" reformar la Constitución para mejorar el tratamiento de la discapacidad, aunque "sí que puede ser conveniente".

Por otra parte, el ex secretario general técnico de los ministerios de Justicia y de Sanidad, Política Social e Igualdad, Luis Villameriel, planteó cómo es el Estado quien tiene la competencia en materia de discapacidad, pero son las comunidades autónomas las que "hacen el grueso" de la política prestacional, contando así con la potencia de la asistencia social. En este sentido, manifestó que, para él, el Estado debería actuar y decidir en esta materia junto con las propias comunidades autonómicas y que este concepto “no tenga una lectura tan autonómica”.

En cuanto a la visión del Parlamento en esta materia,el portavoz del Grupo Popular en la Comisión No Permanente para Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados, Francisco Vañó; y la portavoz adjunta del Grupo Socialista en la Comisión Constitucional, Susana Sumelzo, coincidieron en la idea de que lo "importante" es mantener los logros sociales conquistados, así como en la idea de que si se llega a reformar la Constitución Española en materia de discapacidad, se debe hacer desde un consenso "político y social", y desde una "profunda" reflexión.

Por último, Enrique Belda, profesor de derecho constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha, en relación a la lengua de signos, dijo que su reforma sería por procedimiento agravado, lo que, para él, es “complicado” la utilización de este procedimiento en España.