La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó en rueda de prensa que impugnación "no es un recurso" de los habitualmente suelen llevarse al Constitucional, puesto que tiene una dimensión diferente.

Se trata, según dijo, de una apelación diferente después de que el Ejecutivo haya analizado el informe elaborado por el Consejo de Estado sobre si podía o no podía recurrir al Constitucional la declaración que aprobó el Parlamento catalán.

Sáenz de Santamaría subrayó que el Gobierno piensa adoptar todas las medidas necesarias para "cumplir y hacer cumplir las leyes" porque entiende que es su "obligación" al frente del país.

Subrayó que "todos debemos estar sujetos a los principios de legalidad" y explicó que la impugnación anunciada se basa en el argumento de que la resolución del Parlamento de Cataluña sostiene que el pueblo catalán es soberano cuando la Constitución sólo reconocía la soberanía de todo el pueblo español en su conjunto. "Por eso no pueden iniciarse procesos para reclamar esa soberanía", remachó.

La vicepresidenta confió en que la Generalitat de Cataluña respete la decisión adoptada en La Moncloa "de la misma manera" que en Barcelona se pide respeto cuando desde allí se acude a los tribunales contra la administración central.

Sáenz de Santamaría confirmó que la impugnación de la resolución del Parlamento de Cataluña llevará aparejada la petición de suspensión de la misma, con el fin de evitar que el proceso de secesión siga adelante.

Finalmente, confirmó que "no hay fecha todavía" para un encuentro en el Palacio de La Moncloa entre el presidente del Gobierno y el presidente de Cataluña, aunque aseguró que Mariano Rajoy tiene "gran interés en que se celebre y poder hablar con el de muchas cuestiones que son comunes".

Si no se ha cerrado todavía es porque los equipos no han podido "ajustar" la visita de Artur Mas pero garantizó que durante la misma se buscará el "entendimiento" entre las dos partes.