Las enmiendas a la totalidad contaron con los votos afirmativos de los grupos que las presentaron y con el rechazo de PSOE, PNV y ERC-IU-ICV, que consideran que la norma ofrece mayores garantías jurídicas que la legislación actual a las mujeres que abortan y a los médicos que les ayudan a hacerlo.

El debate parlamentario, que tuvo la presencia del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, comenzó con la intervención de la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, quien defendió la reforma legislativa del aborto argumentando que ofrecerá más seguridad jurídica a las mujeres que abortan y a los médicos que les ayudan a hacerlo.

Aído, que vio interrumpido su discurso por aplausos hasta en siete ocasiones, apuntó que sería "inexplicable" no acometer la reforma legislativa del aborto actual, pues sus "carencias" obligan a algunas mujeres a argumentar problemas psíquicos para interrumpir su embarazo.

Por todo esto, añadió, el Gobierno presenta una ley "más segura y equilibrada" que la vigente, equiparable con las de los países del entorno de España.

Con respecto a la posibilidad de que las chicas de 16 y 17 años puedan interrumpir su embarazo sin necesidad de contar con el consentimiento paterno, Aído se comprometió a tratar de "encontrar un punto de equilibhrio entre los distintos grupos parlamentarios". En este punto, hizo un especial llamamiento al PP. "Es hora", concluyó la titular de Igualdad, "de romper una lanza a favor de la responsabilidad de las mujeres ante la maternidad".

ENMIENDAS

En la defensa de las enmiendas, Sandra Moneo, del PP, dijo que la ley de Zapatero "pretende imponer un sistema de aborto libre" en contra de la mayoría de la sociedad, que salió a la calle el 17 de octubre para manifestar su rechazo a la norma. El texto, subrayó, "es el más claro exponente de lo que es el aborto libre".

Entre aplausos y abucheos, Moneo pidió al Ejecutivo que vele más por la maternidad y que no intente "envolver" la reforma legislativa del aborto en una ley de sexualidad. En realidad, declaró, lo que hace el Gobierno "es ofrecer el aborto como un método anticonceptivo más" y liberar al hombre de sus responsabilidades en las relaciones sexuales.

Por su parte, Concepción Tarruella y Jordi Xuclà, de CiU, comenzaron recordando que la enmienda a la totalidad que defienden es sólo de parte del grupo parlamentario, que entiende "que el aborto no es un derecho" y que echa de menos "ayudas eficaces" para las mujeres que quieren continuar con su embarazo y tienen dificultades para hacerlo.

A su parecer, la reforma legislativa del aborto es "una cortina de humo" sobre problemas que afectan actualmente a la sociedad, mayoritariamente contraria a la reforma, que no incluye referencia alguna a la objeción de conciencia que a título individual deben poder ejercer los profesionales sanitarios.

Para UPyD, la devolución del texto del aborto al Gobierno está justificada porque divide a la sociedad española y porque promoverá el aborto como un método anticonceptivo más. Mezcla, además, a su parecer, plazos y supuestos "en un híbrido de escasa solidez jurídica" y permite el aborto desde los 16 años sin consentimiento paterno, "una incongruencia" con la legislación actual, según dijo Rosa Díez.

Por su parte, UPN defendió su enmienda a la totalidad a través de su diputado Carlos Salvador, quien calificó el texto del Ejecutivo de "ilegítimo, inútil, inoportuno, e inconstitucional". Y es que, continuó, el Gobierno argumenta que la reforma pretende que ninguna mujer vaya a la cárcel por abortar, cuando hasta ahora ninguna ha estado en prisión por este motivo. Este argumento lo defendieron todos los grupos que presentaron enmienda a la totalidad.

EN CONTRA

José Antonio Alonso, del PSOE, recordó que el Gobierno y el PSOE tienen la obligación de garantizar la seguridad jurídica de las mujeres y de los profesionales sanitarios, además de colocar a España a la altura de los países de su entorno.

Por ERC-IU-ICV intervinieron Gaspar Llamazares y Joan Tardá, que apuntaron que la propuesta del Gobierno reconoce nuevos derechos para las mujeres, pero, advirtieron, la quieren mejorar y para ello van a "poner el reloj a cero".

"Somos más ambiciosos y queremos que la ley amplíe el plazo de aborto libre y que se acote la objeción de conciencia, ya existente", afirmó Llamazares. Tardá, por su parte, aseveró que "si quieren el voto afirmativo republicano", los socialistas tendrán que cambiar siete ámbitos, entre ellos la regulación de la objeción de conciencia y la oferta de anticonceptivos gratuitos, al menos, para las clases más desfavorecidas.

Joseba Aguirretxea, del PNV, justificó su rechazo a las enmiendas a la totalidad porque, dijo, el aborto necesita una reforma que regule, entre otros aspectos, el derecho a la objeción de conciencia individual, pero advirtió de que no le gusta tampoco el texto presentado por el Gobierno, que no obliga a las chicas de 16 y 17 años a informar a sus padres de su deseo de abortar, algo que no ve "de recibo".

Uxúe Barkos, de Nafarroa Bai, afirmó que su grupo rechaza las enmiendas a la totalidad porque con ellas se niega la posibilidad de tener mayores garantías jurídicas a las mujeres que abortan y a los profesionales sanitarios que les ayudan a hacerlo.