En el discurso en el que avanzó algunas de las del Grupo Popular, su secretario general, José Antonio Bermúdez de Castro, defendió la política "reformista" del Gobierno y rechazó las objeciones que le formularon desde el PSOE, a quien deslegitimó como "esclavo de los resultados de sus políticas".

El PP propone un pacto de Estado contra la corrupción que incluye un agravamiento de las penas y otro por la investigación y la ciencia, pide al Gobierno que continúe racionalizando la administración y manteniendo el supuesto carácter social de sus políticas y el Estado del bienestar y defiende el mantemiento de la PAC.

Además, Bermúdez de Castro preguntó a quienes proponen reformas de la Constitución si sus alternativas serán "de todos y para todos" como a su juicio lo es la vigente, recalcó que el pueblo español es el único sujeto constituyente y advirtió a Amaiur de que la democracia ha derrotado a ETA y no tiene ninguna deuda con ella, sino con sus víctimas.

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Soraya Rodríguez, lamentó que no haya sido posible lograr el consenso de todos los grupos parlamentarios en torno a un texto contra la corrupción. No obstante, añadió que esta falta de acuerdo no implica que las distintas formaciones y el Gobierno trabajen en la lucha contra la corrupción.

A su juicio, “no es vedad que en del pasado oscuro tengan que ocuparse los jueces”. “Para gestionar el presente y diseñar el futuro, que a todos nos compete, en la lucha contra la corrupción, cada uno debe hacer cargo de su pasado”, dijo.

Por otra parte, pidió una Ponencia en la Comisión Constitucional para comenzar a hablar de una reforma de la Carta Magna. Recordó que el presidente del Gobierno, mariano Rajoy, dijo que solamente asumiría una reforma de la Constitución si los grupos se pusieran de acuerdo en qué hay que modificar y si tuviera el respaldo de la Cámara Baja.

“Para saber eso hay que hablar y el mejor sitio donde se puede producir el diálogo entre los grupos parlamentarios es en la Comisión Constitucional”, dijo la portavoz socialista, para quien es necesario adaptar la Carta Magna “a la realidad del siglo XXI”. “Es el mayor acto de honestidad que podemos tener con nuestras generaciones futuras”, dijo.

LA GRAN ESTAFA

Por su parte, el portavoz de IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural, José Luis Centella, tachó de “estafa” la forma que tiene el Gobierno de plantear la salida de la crisis, porque pagan los que menos tienen, cuando debiera afrontar un plan contra la pobreza y en pro de la cohesión social.

Por su parte, la diputada de este grupo Laia Ortiz (ICV) señaló que la “Marea Ciudadana” que fue una “moción de censura al Gobierno en la calles” y criticó que el PP tachara de autoritaristas a los manifestantes, cuando estaban defendiendo los derechos fundamentales y la democracia en las calles.

Laia Ortiz abogó también por el derecho a decidir de Cataluña y acusó al Gobierno de “inmovilismo”, en una actitud que “solo amplia las heridas”. “Ese miedo inmovilismo hace mucho daño a este país. Voten y demuestren que están a la altura y que han aprendido de los errores”, dijo.

Por su parte, Rosa Díez (UPyD), si el Congreso hubiera aprobado la propuesta que presentó en su día su formación sobre los desahucios, titulada “Segunda Oportunidad”, u otras propuestas, como la relativa a despolitizar la justicia, “España iría mucho mejor”.

PAÍS VASCO Y CATALUÑA

Por su parte, los siguientes intervinientes, Pedro Azpiazu (PNV) y Jon Iñarritu (Amaiur) se refrieron al País Vasco, pero de distinto modo.

El diputado del PNV Pedro Azpiazu recordó que ETA declaró hace ya tiempo el fin de la violencia, por lo que el País Vasco está “en un tiempo nuevo” en el que ”no se justifica” que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado continúen realizando en Euskadi labores en ámbitos que no les corresponde.

El diputado de Amaiur, Jon Iñarritu, afirmó hoy en el Congreso de los Diputados que una las prioridades de su formación “era y es la paz” pero reprochó al Gobierno que, transcurrido un año de las últimas elecciones generales, el Gobierno actúe “como si nada hubiera cambiado”.

Por otro lado, el diputado de ERC Joan Tardà defendió el derecho a decidir de Cataluña y dijo que el referéndum es una herramienta de democracia directa que “no puede estar sujeta a la censura partidista” de un Gobierno.