Según el Sisej, “la presión ciudadana y de todos los colectivos implicados ha propiciado que el ministro, quizá en un intento de evitar la declaración de inconstitucionalidad de la ley, haya probado a ofrecer una cara aparentemente amable” sobre las tasas.

Sin embargo, esto sindicato afirma que “estas tasas continúan impidiendo el derecho fundamental de acceso a la tutela judicial efectiva de muchos ciudadanos y amenazándolo para otros”.

Al mismo tiempo, el Sisej afirma que “el Ministerio de Justicia continúa intentando justificar las tasas judiciales relacionándolas con el derecho de asistencia jurídica gratuita, transmitiendo así a la opinión pública la idea de que nadie quedará fuera del sistema por falta de recursos económicos”.

Sin embargo, estos secretarios judiciales destacan que “el diseño de la justicia gratuita excluye a gran parte de la ciudadanía, lo que no quiere decir que los excluidos, sobre todo en el actual contexto económico y social, puedan afrontar sin problemas los elevadísimos costes de un procedimiento judicial”.

Asimismo, en cuanto a la rebaja en las tasas aprobada en el último Consejo de Ministros, este sindicato indica que “pese a que la parte variable de la tasa se reduce al 0,1% de la cuantía del procedimiento para las personas físicas, éstas continúan obligadas al pago y la parte fija se mantiene intacta”.

El Sisej recordó, en este sentido, la parte fija de las tasas judiciales va en el orden civil de 150 a 1.200 euros; en el contencioso administrativo de 200 a 1.200 euros; y en el social de 500 a 750 euros. A estas cuantías debe sumarse la parte variable de la tasa, que se calcula sobre la cuantía del procedimiento.