La formación independentista aboga por estudiar al detalle del origen de la deuda española, las entidades que la han suscrito,el uso dado al dinero ingresado, a quiénes ha beneficiado y las posibles irregularidades que pudieran haber surgido.

A continuación reclaman declarar una moratoria en el pago de la deuda pública hasta que la auditoria esté lista y declarar, en su caso, "ilegítima e inmoral" aquella deuda "nacida de la más pura especulación".

Amaiur sostiene que dentro de ese capítulo entraría la "conversión de créditos al 1% del BCE en títulos de deuda pública a intereses injustificados y abusivos", así como la empleada para la "financiación de infraestructuras ruinosas y cuestionables" y "los presupuestos militaristas y guerreristas".

Sugieren "renegociar los plazos e intereses" del resto de la deuda pública resultante para que su devolución no suponga recortes en servicios y prestaciones sociales tales como educación, sanidad, asistencia social, desempleo o jubilaciones.

La formación abertzale exige "ajustar las aportaciones que se vienen abonando por las comunidades vasca y navarra en concepto de cupo "a la reducción de la cuantía correspondiente a los intereses y amortizaciones en el pago de la deuda pública española".

Asimismo quiere que "no se reconozca legalmente" a las sociedades constituidas en los paraísos fiscales, impidiendo su operación mercantil "en todo el territorio estatal, así como prohibir que las empresas cotizadas en Bolsa puedan contar con filiales o sucursales en los paraísos fiscales".

También las empresas y entidades con un volumen de negocio superior a los 150 millones de euros y las que conforman el IBEX 35, deberán someterse a una auditoría para "clarificar su situación y acabar con el fraude fiscal general practicado por muchas de ellas".

En octavo lugar, Amaiur propone revisar el conjunto del sistema impositivo para incrementarel "carácter progresivo" de los impuestos directos "y conseguir unos mayores niveles de redistribución de rentas y de obtención de ingresos fiscales que alcancen, como mínimo, los promedios existentes a nivel europeo".

También quieren suprimir el "régimen privilegiado de las SICAV" y someter los capitales existentes en estas sociedades al régimen tributario general. El incremento de ingresos derivado de la aplicación de las medidas deberá ser destinado en exclusiva a la financiación de partidas de contenido social, al reforzamiento general de los servicios públicos y a la creación de una Banca pública y social en cuya gestión participen también los sindicatos y organizaciones y asociaciones sin ánimo de lucro.

Pare del aumento de la recaudación tendrá también que destinarse a la puesta en marcha de un plan de choque contra el paro y de fomento del empleo que establezca como prioridades a la juventud, las mujeres y los trabajadores mayores de cincuenta años.

Finalmente, Amaiur pide la derogación de la reforma laboral, en especial los aspectos relativos al incremento de la flexibilidad laboral, el abaratamiento y facilitación del despido individual y colectivo, las contenciones y recortes salariales impuestas y el debilitamiento de la negociación colectiva.