En un debate organizado por el periódico ‘cermi.es semanal’, órgano de expresión del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), en el que se abordó la sostenibilidad del SAAD, varios expertos consideraron que la ley de dependencia no está resolviendo los problemas que la inspiraron.

En el debate participaron el director general del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), César Antón; el diputado de CiU Carles Campuzano; la comisionada de Autonomía Personal del Cermi, Roser Romero; el consultor sobre Dependencia Pablo Cobo y el diputado del PP Francisco Vañó.

Roser Romero incidió en la importancia de la promoción de la autonomía personal y la prevención, así como la atención a menores de tres años, al mismo tiempo que destacó los problemas de financiación desde antes de que se aprobara la ley o la propuesta del Cermi de que esta normativa formara parte de la Seguridad Social.

El consultor sobre Dependencia Pablo Cobo coincidió con Romero en que el Gobierno tendría que haber adoptado medidas de ajuste económico para hacer frente al problema de financiación, por lo que, para él, se debe desarrollar una regulación del sistema de financiación sostenible.

En este sentido, también apostó por la vía de la Seguridad Social, la cual “enmarca un sistema que se parece mucho más a la protección que necesitan las personas en situación de dependencia”.

SOSTENIBILIAD DEL SISTEMA

Para César Antón, la sostenibilidad del sistema tanto en el presente como en el futuro, depende del ordenamiento, simplificación y transparencia de la Ley de Autonomía Personal, mientras que en opinión del diputado de CiU no hay que plantearse tanto la sostenibilidad del SAAD como si cumple sus objetivos, incluida la garantía de la calidad de vida de las personas en situación de dependencia y sus familias, ya que los recortes están afectando “negativamente” a esta política.

Por su parte, Francisco Vañó apuntó que los problemas de esta ley se deben a que “se apresuró mucho el Gobierno de entonces en darla de alta, en ponerla en marcha”.

En cuanto al coste de servicios y la aportación de los usuarios, Carles Campuzano sostuvo que hay que volver a abrir el debate sobre que la financiación sea vía Seguridad Social y no a través de los Presupuestos Generales del Estado, vinculando así la financiación a los costes efectivos de los servicios.

En este sentido, explicó que ahora en las sociedades avanzadas y serias se discute sobre los costes del envejecimiento en nuestra sociedad (pensiones y sistema de salud), y es “central” abordar, por tanto, la atención de larga duración.

Sin embargo, César Antón mantuvo que “no es adecuado” y, además, según explicó, la ley establece que la aportación de los usuarios debe ser en función de su capacidad, y, según el Tribunal de Cuentas, no se ha desarrollado, por lo que la financiación está “un poco desordenada”.

ALTO COSTE

Por su parte, la comisionada de Autonomía Personal del Cermi señaló que a partir de la puesta en marcha de la ley, todos los asuntos de la discapacidad han ido desapareciendo de los servicios sociales, por lo que el sector está pagando “un alto coste” por una ley que no resuelve sus problemas.

En materia de beneficiarios, Roser Romero dibujó un panorama “desolador”, ya que la ley “ha salido mal” y “no soluciona los problemas de las personas” y se preguntó por qué no se ha hecho nada para corregirla.

En este sentido, habló de una cifra de 953.452 usuarios de todos los servicios que se dan actualmente a 31 de enero de 2013, de los cuales 1.261 tienen asistente personal, es decir, el 0,13%; y de las 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas, “tenemos nueve que dan esta prestación”.

El director general del Imserso indicó que en 2012 se han incorporado al sistema 129.000 nuevos beneficiarios que reciben prestación, con un total actual de 750.000 beneficiarios con prestaciones.

En este sentido, el diputado de CiU destacó que el sector de la sociedad más decepcionado por la aplicación de esta ley han sido las personas con discapacidad, existiendo una “situación de retroceso”.

Por último, la comisionada de Autonomía Personal del Cermi, Roser Romero, planteó la importancia de contar con los propios beneficiarios para la búsqueda de soluciones, con una participación “más intensa”, ya que, manifestó, “conocemos la realidad del sector y somos capaces de poner soluciones y a costos más baratos de los que saca la administración o las empresas privadas, además es nuestro futuro”.