La norma, que incluye también el descenso de 30 a 20 las peonadas necesarias para que los trabajadores de Andalucía y Extremadura puedan percibir el subsidio agrario, salió adelante con 202 votos a favor, 123 en contra y 4 abstenciones.

Además, el Congreso rechazó tramitar este proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, fue la encargada de defender el real decreto, y destacó que el Gobierno además de estar adoptando importantes reformas estructurales toma medidas para ayudar a quienes más lo necesitan.

Báñez destacó que los cambios que introdujo el Gobierno en el programa en agosto del año pasado y que se mantienen ahora dan “mayor seguridad jurídica”.

Además, recordó que el plan se prorrogará de manera automática hasta que la tasa de paro baje del 20%, por lo que “se vincula la continuidad del programa a un indicador objetivo”.

El conjunto de los grupos de la oposición pidieron que se tramite el texto como proyecto de ley, para hacer un debate más profundo sobre el tema y trata de introducir mejoras. Algunas formaciones indicaron que si el Gobierno aceptaba, cambiarían el sentido de su voto.

POSTURA PSOE

La portavoz de Empleo del PSOE, Concepción Gutiérrez, mostró el rechazo de su grupo a esta norma tal y como está en la actualidad, y pidió que se tramite como proyecto de ley para poder presentar enmiendas y llegar a acuerdos.

Gutiérrez reclamó que se vuelva a dar cobertura a los parados que quedaron excluidos por los cambios en el plan que se hicieron en agosto de 2012, y recordó que se trata de jóvenes y desempleados de contratos temporales, el 70% de los que accedían al programa.

APOYO CON RESERVAS

El portavoz de Empleo de CiU en el Congreso, Carles Campuzano, justificó el apoyo de su grupo a la medida porque supone una “última aspirina para aliviar la situación” de los parados sin prestación.

En todo caso, alertó de que “el programa sin recursos en políticas activas de empleo es una mala solución al problema más grave que tiene planteado nuestra sociedad”.

Para el portavoz de UPyD en el debate, Álvaro Anchuelo, este real decreto cubre “a personas en situación límite”, y destacó que se prorroga “el programa pero para personas diferentes”.

Así, comentó que apoyan la norma porque “alivia” la situación de dificultad de muchas personas, pero que es “claramente insuficiente”.

Desde las filas del PNV, el diputado Emilio Olabarría apuntó que votarán que sí porque “mejora notablemente los contenidos” del anterior decreto referido al mismo plan, y que es de hace sólo seis meses, en los aspectos fundamentales.

CRÍTICAS

Joan Coscubiela, diputado de La Izquierda Plural, acusó al Gobierno de tomar medidas que hace que “se destruya empleo por una autopista de ocho carriles” y de tener una “agenda oculta” que “empeora” la calidad del empleo.

Así, subrayó que la reforma laboral “ha confirmado la peor de las previsiones” porque la destrucción de empleo es “brutal”.

Dentro del Grupo Mixto, Uxue Barcos (Geroa Bai) tildó la medida de “propuesta in extremis”, Enrique Álvarez Sostres (Foro) pidió incentivos a la contratación, Ana Oramas (Coalición Canaria) dijo que la “situación es insostenible” y Sabino Cuadra (Amaiur) pidió a la ministra que siga los pasos del Papa y deje el puesto.

Además, Olaia Fernández (BNG) consideró una “grandísima decepción” que el Gobierno anuncie la prórroga del plan como respuesta de los resultados de la EPA, Joan Baldoví (Compromís) reclamó una renta mínima garantizada, y Joan Tardà (ERC) advirtió de que en un “escenario de tragedia” con “parches no vamos a ninguna parte”.

Por su parte, la portavoz de Empleo del PP, Carmen Álvarez Arenas, afirmó que este plan es una “medida absolutamente necesaria”, y señaló que “en un contexto de crisis económica y gravísimas dificultades de gestión por los errores” del PSOE en las dos legislaturas anteriores el Gobierno está tomando decisiones “duras” y “difíciles” pero “fundamentales para volver al crecimiento y la creación de empleo”.