Explicó que Fernández es adjudicatario del contrato de la Asamblea para gestionar la cafetería, por lo que recibe 364.000 euros, según los presupuestos de 2013, y dijo que “no parece razonable que un empresario que evade fiscalmente sus obligaciones salariales, perjudicando a los trabajadores, siga contratado por una administración pública”.

Expresó su confianza en que la Inspección de Trabajo actúe de manera “rápida y eficaz” ante esta actuación fraudulenta por parte del empresario madrileño y “no esté solo para aquellos casos en los que algún albañil en paro hubiese hecho una chapuza y entonces sí, le hubiese caído todo el peso de la ley”.

Además, se refirió a la regeneración democrática que defiende Esperanza Aguirre e ironizó señalando que “si la regeneración pasa por Arturo Fernández, presidente de CEIM, o Gerardo Díaz Ferrán, ex presidente de la CEOE, a los que ella puso como ejemplo de empresario, pues está todo dicho”.