Según indica, se atenderán con preferencia estos pagos, especialmente a las entidades que gestionen servicios de interés general derivados de: los convenios entre la Administración y las entidades privadas, cuyo objeto está excluido de la Ley de Contratos del Sector Público; del contrato de colaboración entre el sector público y privado, o del contrato de gestión de servicios públicos en su modalidad de concesión cuando el deudor es una comunidad autónoma.

Asimismo, hace referencia a los derivados de las subvenciones reguladas por la Ley General de Subvenciones y por las leyes de subvenciones propias de las comunidades autónomas, o de cualquier otra modalidad de adjudicación de fondos, cubierta o no por la Ley de Contratos del Sector Público.

Según explica el Cermi, las administraciones autonómicas y las corporaciones locales, debían, según cálculos estimados del mes de septiembre de 2012, sólo teniendo en cuenta a las organizaciones de iniciativa social de la discapacidad, aglutinadas en torno al CERMI, "más de 320 millones de euros", sobre todo en concepto de ayudas y subvenciones reconocidas y no abonadas. Y, en menor medida, deudas de carácter comercial por la prestación de bienes, productos y servicios.

Con respecto a 2011, la deuda se incrementó en 75 millones de euros, "lo que evidencia que este grave problema de los impagos y los retrasos no solo no se resuelve, sino que se intensifica con el paso de los meses".

Además, de este volumen total de deuda, casi 85 millones de euros corresponde a ayudas y subvenciones públicas a centros especiales de empleo, empresas en las que la plantilla, al menos en un 70%, son trabajadores con discapacidad, cuya titularidad es de entidades no lucrativas del sector social de la discapacidad.

Para el Cermi, esta "insostenible" situación "está poniendo en peligro la estabilidad y la continuidad de cientos de dispositivos, recursos y servicios de atención y promoción dirigidos a personas con discapacidad y sus familias, deteriorando el bienestar de cientos de miles de personas que parten de un grado de vulnerabilidad social considerable".

"No tenemos datos de la deuda contraída con las entidades sin ánimo de lucro en otros ámbitos distintos de la discapacidad, pero pensamos que la situación puede ser igualmente dramática", señala. En este sentido, según incide, "siendo solidarios con las mismas, creemos que este Fondo debe extenderse a todas ellas".