El titular del Juzgado de Instrucción numero 3 de Palma de Mallorca ha iniciado los trámites tras constatar que la fianza no ha sido abonada en el plazo legalmente establecido, que finalizaba esta pasada medianoche.

Castro dictará en los próximos días un requerimiento personal para que Urdangarin y Torres presenten ante el Juzgado una relación de bienes con los que poder responder a dicha fianza, a efectos de que sean embargados, según señalaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (Tsjib).

En esta relación de bienes que el yerno del Rey y su antiguo profesor deben remitir al instructor deben constar sus bienes, inmuebles, participaciones en sociedad y en empresas, entre otros elementos. En la lista de Urdangarin, por lo tanto, deberá consta el chalé que tiene junto a la infanta Cristina en el barrio barcelonés Pedralbes.

Las fuentes jurídicas consultadas señalaron que tanto Urdangarin como Torres pueden todavía abonar la fianza, lo que paralizaría el proceso de embargo.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal permite que las fianzas se cubran mediante hipoteca o a través de un aval, tanto personal como bancario.

NUEVA DECLARACIÓN

Urdangarin ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Palma la fianza que le ha sido impuesta para que pueda devolver el dinero presuntamente defraudado en caso de ser condenado. Este recurso no paraliza el proceso de embargo.

El juez decretó la imposición de la fianza el pasado 30 de enero, después de volver a citar como imputados a Torres y Urdangarin. El marido de la infanta Cristina está citado para el próximo 23 de febrero mientras que Torres y su mujer, Ana María Tejeiro, deberán comparecer el 16 de febrero.

El instructor tiene intención de preguntar a los imputados en relación al nuevo delito contra la Hacienda Pública del que se les acusa por un presunto fraude fiscal de 470.000 euros así como acerca de sus supuestas cuentas en Andorra, Luxemburgo y Suiza.

El juez Castro decidió además imputar en la causa al secretario de las infantas, Carlos García Revenga, quien deberá declarar en los juzgados de Palma de Mallorca el próximo 23 de febrero, inmediatamente después de que lo haga Urdangarin.

FIJACIÓN DE LA FIANZA

El juez Castro impuso la fianza al duque de Palma y su antiguo socio a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, quien solicitó esta medida el pasado mes de noviembre después de encontrar centenares de facturas falsas y duplicadas en la contabilidad del Instituto Nóos.

Los fiscales encargados del caso, Pedro Horrach y Juan Carrau, presentaron al juez Castro un detallado informe en el que aseguraban que estas facturas falsas sirvieron para que Urdangarin y su socio defraudaran un total de 5.905.079 euros de los gobiernos de la Comunidad Valenciana y de las Islas Baleares.

El informe afirmaba que el duque de Palma y su antiguo socio recurrieron supuestamente a toda una batería de artificios contables para enmascarar ante el juez Castro los precios ‘inflados’ que cobraron a las administraciones públicas por sus servicios. Según Anticorrupción, llegaron incluso intentar justificar ante el magistrado los cargos que realizaron a las arcas de los gobiernos autonómicos con facturas como una relativa a la compra de bolígrafos.

DINERO DEFRAUDADO

Los fiscales Anticorrupción solicitaron la fianza tras haber analizado la documentación contable incorporada a la causa para determinar qué facturas atribuidas al yerno del Rey son legales y cuales no. Este análisis se realizó teniendo como referencia los informes periciales y de la Agencia Tributaria.

Los cerca de 6 millones de euros fueron obtenidos por Urdangarin y Torres principalmente a través de los servicios –conferencias, seminarios y jornadas- que el marido de la Infanta Cristina y su socio realizaron para varias administraciones públicas como los Gobierno de la Comunidad Valenciana o de las Islas Baleares.

Según la Fiscalía Anticorrupción, el yerno del Rey y Torres cobraban a las administraciones precios ‘inflados’ muy superiores a los gastos generados por los servicios prestados.