La número dos del Ejecutivo tuvo que responder en primer lugar a la portavoz de UPyD, Rosa Díez, quien aseguró que los corruptos tienen "tres posibilidades" para "no pagar" su culpa: que sus delitos "prescriban", que haya un "acuerdo de conformidad" entre la defensa y el fiscal o que el Consejo de Ministros "les indulte".

Para la portavoz de UPyD, "han terminado los tiempos de las palabras y de los grandes pactos vacios de contenido" y llega el momento de abordar reformas legislativas concretas.

La vicepresidenta reclamó un "espíritu constructivo" de todos los partidos para afrontar el problema de la corrupción y puso en valor "la honradez personal" de los que se dedican a lo público para reivindicar la limpieza de la mayoría de los políticos.

Según Díez, el combate contra los corruptos depende de algo más que de "una actitud personal" y requiere de reforma legales y "acciones más radicales" para perseguir la financiación ilegal de los partidos como delito, y castigar el "enriquecimiento ilícito de los cargos públicos electos".

Sáenz de Santamaría insistió en que ya se han aprobado medidas para recuperar la responsabilidad subsidiaria de los partidos, limitar las donaciones y o poner límite a la condonación de las dedudas contraídas por los partidos.

Tras reconocer que "hay que trabajar más", la vicepresidenta defendió la Ley de Transparencia como un "buen antídoto contra la corrupción", porque supondrá "publicar de la A a la Z" todas las subvenciones e ingresos dependientes de las administraciones públicas", estableciendo sanciones y un sistema de inhabilitación para cargos públicos.

En nombre del Gobierno, se comprometió a "trasladar ejemplaridad" a la sociedad y aseguró que "este Gobierno traerá medidas concretas y, a ser posible, muy eficaces".

AMNISTÍA FISCAL

La portavoz del Grupo Socialista, Soraya Rodríguez, centró sus críticas en los efectos de la amnistía fiscal "moralmente indecente", a la que se podría haber acogido el extesorero del PP Luis Bárcenas.

La vicepresidenta explicó que la regularización fiscal responde a una "situación de las cuentas públicas insostenible" y para aumentar la base imponible y la recaudación del Estado.

Para los socialistas, la amnistía es "moralmente indecente desde el punto de vista jurídico" e incluso "inconstitucional", debido a las modificaciones que el Ejecutivo ha ido incorporando.

A los defraudadores, dijo, "les han hecho un traje a medida, un traje que les ha hecho tributar al 3%, el traje de la impunidad", tras la reforma del Código Penal, "para que el delito fiscal desaparezca previo pago" de la deuda.

Rodríguez aseguró que con el descubrimiento de que Bárcenas podría haberse acogido a la amnistía fiscal "los pillados son ustedes". "No sé si lo que han modificado lo han modificado para el señor Bárcenas, pero no me cabe duda de que también lo han modificado para el señor Bárcenas", afirmó la portavoz socialista.

La vicepresidenta del Gobierno aseguró que el argumento de Rodríguez es "políticamente burdo y jurídicamente absurdo", razón por la que los tribunales "les han condenado en costas".

Defendió que la regularización se ha hecho siguiendo las recomendaciones de la OCDE, como en muchos otros países, y "no es opaca", a diferencia de las realizadas por los gobiernos socialistas en 1985 y 1991.

Tras advertir a la bancada socialista que la amnistía ha ido acompañada de un paquete "potente" de medidas contra el fraude, dijo que "para reprender no hay que tener falta y tiene usted alguna sentada en su bancada, y de todas ellas es usted portavoz".