Según explicó tras la reunión la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, durante estos seis meses, Gobierno y comunidades autónomas analizarán la información que ya obra en el modelo y sopesarán los procedimientos más adecuados para su actualización.

Asimismo, se unificarán los criterios de regulación de las prestaciones y los servicios del Sistema de Dependencia y se clarificará la financiación, todo ello con el objetivo de evitar fraudes e irregularidades como el detectado en un informe del Tribunal de Cuentas que indica que el número de fallecidos incluidos “indebidamente” en el Sistema de Dependencia entre 2007 y 2011 ascendía, “al menos”, a 29.169.

El mismo informe, que se encuentra ahora en fase de alegaciones, señala que el importe recuperado por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) en concepto de prestaciones a beneficiarios del Sistema de de Dependencia ya fallecidos asciende a un total de 140.348.268 euros.

Para que estas “irregularidades” no vuelvan a producirse, dijo Mato, el Gobierno está “tomando nota” y dotará al sistema de “datos más homogéneos y fiables”. La idea es, pues, “vigilar el curso de cada euro invertido”.

La titular de Servicios Sociales afirmó que el Sistema de Autonomía Personal y de Atención a la Dependencia acabó el ejercicio anterior con “la menor lista de espera” desde que comenzó la ley su andadura, pues se redujo en poco más de 75.000 personas, lo que supone una disminución del 23%.

También en materia de Dependencia, Ministerio y CCAA pactaron este miércoles la unificación de toda la normativa sobre las prestaciones del Sistema de Dependencia.

De esta forma, a partir de ahora quedarán recogidos en un mismo decreto las disposiciones que regulaban los servicios y las prestaciones por grado de dependencia, los criterios para determinar las intensidades del catálogo, las cuantías máximas de las prestaciones por grado de dependencia, la regulación de los traslados de beneficiarios entre comunidades, las incompatibilidades, el reintegro de las prestaciones y la protección de los emigrantes retornados. Otro de los puntos que acoge esta única norma es la excepcionalidad de la prestación por cuidados en el entorno familiar, según la redacción de la norma.

Las autonomías, con la coordinación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, plantearán Planes de Prevención de la Dependencia con iniciativas específicamente dirigidas a las personas mayores.

Por otra parte, Mato dijo que su departamento, siempre en diálogo con las ONG agrupadas en el Tercer Sector y la Federación Española de Municipios y Provincias, presentarán este año un Plan de Acción para Inclusión Social que pondrá énfasis en el apoyo a los colectivos más vulnerables y en la lucha contra la pobreza infantil y que estará vigente hasta 2016.

Los principales ejes de este plan serán la defensa de la integración social, garantía del ejercicio de los derechos sociales, inserción laboral y lucha contra la pobreza infantil.

Otro acuerdo adoptado en el Consejo Territorial fue la configuración de un Catálogo de Referencia de Servicios Sociales. Se trata de una recomendación, no de una norma con rango legal, aceptada por las comunidades y que viene a erigirse en una suerte de mapa sobre los servicios que han de dispensarse en cada una de las autonomías.

Finalmente, Gobierno y CCAA acordaron el reparto de los créditos para la ejecución de servicios sociales básicos (el Plan Concertado, 27,5 millones de euros) y para el Plan de Desarrollo Gitano (412.000), un colectivo al que irá dirigida la Estrategia Nacional para su inclusión social, de pronta aplicación. También se destinarán 75.000 euros para la organización del Congreso Estatal del Voluntariado, que este año tendrá su sede en Navarra.