En su declaración ante el juez, Garrido dijo que ni siquiera gestionaba sus propias cuentas y que era el propio De Cabo quien ese encargada de todo, según informaron fuentes jurídicas. La mujer está imputada en la causa abierta por el vaciamiento patrimonial del Grupo Marsans y la presunta estafa a sus acreedores por ser titular de algunas de las sociedades del entramado y por tener varias acciones de las empresas de su marido.

Las fuentes consultadas explicaron que Garrido llegó a sacar dinero de algunas de las cajas fuertes que la trama tenía en entidades bancarias. La mujer dijo ante el juez Velasco entre lágrimas que los negocios de su marido le han “dejado en la calle”.

El magistrado tomó asimismo declaración esta mañana, también en calidad de imputados, a cuatro hijos del fallecido Gonzalo Pascual, el socio de Gerardo Díaz Ferrán. Gonzalo, Ignacio, José María y Diana Pascual de la Riva están imputados por haber vendido a De Cabo (a la sociedad Kairo Center) las participaciones de tres empresas que eran propietarias de las fincas que Pascual tenía en la provincia de Toledo, que superaban las 1.800 hectáreas.

QUIEBRA DE MARSANS

Los hijos han explicado ante el juez que recibieron estas participaciones en 2009 como una donación de su padre y que nunca sospecharon que el grupo Marsans fuese a quebrar. Aseguraron que se las volvieron a comprar a De Cabo y las recuperaron después de que un juzgado mercantil de Madrid anulase por ilegal la donación de las empresas.

Los hijos reintegraron finalmente las participaciones al patrimonio objeto del concurso de acreedores abierto tras la quiebra de Marsans.

Esta mañana también declaró ante el juez el abogado Raúl Jiménez, uno de los letrados que trabajaron para el entramado de De Cabo. Jiménez dijo en su comparecencia como imputado que se limitaba a cumplir las órdenes que recibía de De Cabo y de su socio, Iván Losada, y que era uno más entre el equipo de 16 abogados.

Tanto los hijos de Gonzalo Pascual como la mujer de De Cabo y el abogado han quedado en libertad sin medidas cautelares tras declarar ante el juez, aunque se les imputan delitos alzamiento de bienes, insolvencia punible, estafa procesal concursal, falsedad documental y blanqueo de capitales.

El juez de la Audiencia Nacional decretó el pasado 5 de diciembre prisión eludible bajo fianza de 50.000 millones de Cabo y de 30.000 millones de euros para De Cabo. Velasco acusa al expresidente de la CEOE de haber diseñado una estrategia para simular su “insolvencia patrimonial” y de concertarse con el empresario Ángel de Cabo para traspasarle el Grupo Marsans así como su patrimonio personal y familiar. A cambio, De Cabo se comprometió a pagar a Díaz Ferrán “100.000 euros mensuales hasta alcanzar la suma de 8 millones de euros”.