Las bases se dividen en seis capítulos: controles institucionales, transparencia en la gestión, objetividad en la gestión pública, cargos electos y personal de la administración, respeto a la voluntad popular y gobernabilidad de las instituciones y lucha contra los comportamientos corruptos.

Para los controles institucionales, el PP aboga por convocar oposiciones para los funcionarios de carrera hasta cubrir todas las plazas, limitar los periodos de interinidad de sus plazas, facilitar la creación de comisiones de investigación y potenciar el Tribunal de Cuentas y sus homólogos autonómicos, aumentando su personal y sus facultades de fiscalización y control.

Para mejorar la transparencia en la gestión, el documento defiende, por ejemplo, publicar las retribuciones de los cargos públicos y su personal de confianza, así como el procedimiento de concesión de subvenciones y ayudas, los beneficiarios y las personas y grupos de que dependan, e incorporar a la oposición a los consejos de administración de las sociedades y empresas públicas.

En el ámbito inmobiliario, en particular, sugiere publicitar lo relativo al planeamiento urbanístico y sus modificaciones y agilizar las actuaciones administrativas y judiciales para paralizar la construcción de urbanizaciones e inmuebles ilegales.

GESTIÓN PÚBLICA

Entre las propuestas para garantizar la objetividad en la gestión pública se incluyen la de otorgar la presidencia de las mesas de contratación a un empleado público de carrera de la entidad local correspondiente, y la de evitar la contratación de servicios ajenos al Ayuntamiento, cuando los servicios municipales puedan desarrollarlos por sí solos.

Entre las bases que afectan a los cargos electos, además de la prohibición de regalos, destaca la de imponer límites a la posibilidad de que los empleados municipales compatibilicen su actividad pública con la privada en los términos municipales limítrofes.

Para asegurar el respeto a la voluntad populer, el PP apuesta por reforzar el Pacto Antitransfuguismo añadiéndole la prohibición de que los tránsfugas tengan un papel ejecutivo en el gobierno local que surja tras una moción de censura participada o promovida por éstos.

Finalmente, el PP confía en intensificar la lucha contra la corrupción mejorando la protección de los empleados públicos que denuncien actividades fraudulentas y corruptas, endureciendo las penas por denuncias falsas y reintegrando a los municipios afectados los bienes incautados en los delitos de corrupción.