Farjas dio este dato en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales de la Cámara Baja, donde compareció para informar sobre las actuaciones de su negociado y para responder a preguntas específicas de los grupos parlamentarios.

Estas cifras sirvieron a la representante del departamento que dirige Ana Mato para justificar la bondad de la implantación del llamado copago farmacéutico que, en su opinión, es “equitativa” y que desde que entró en vigor el pasado mes de julio obliga a los pensionistas a pagar por sus medicamentos.

En su intervención, Farjas afirmó también que el Ministerio de Sanidad está trabajando para que a principios del año que viene todas las comunidades autónomas dispongan de la receta electrónica, si bien no pudo precisar cuándo será posible interoperar con este tipo de receta entre autonomías.

Como consecuencia del debate parlamentario, la secretaria general de Sanidad se refirió al asunto de la tasa de un euro por receta implantada en Cataluña y anunciada por la Comunidad de Madrid y defendió las competencias estatales en este punto.

No consideró, sin embargo, Farjas competencia estatal el pago por la emisión de las tarjetas sanitarias, que, según dijo, corresponde fijar o no a las comunidades autónomas.

El tema salió porque el diputado socialista Guillermo García se quejó de que en las Islas Baleares se cobra a los usuarios 10 euros por la expedición de la tarjeta sanitaria, a pesar de que no la reciben con celeridad.

A este respecto, la secretaria de Sanidad reiteró la libertad de cada autonomía en este aspecto y dijo que, en cualquier caso, le parece “lógico”, porque “es dar valor a lo que es valioso”.

Si se paga por la obtención de una tarjeta que permite la circulación en autobús, ¿por qué nó por la sanitaria, que posibilita la realización de pruebas médicas?, se preguntó Farjas.

MINISTRA AUSENTE

Todos los grupos parlamentarios presentes en la comisión, excepto el Popular, criticaron la no comparecencia de la ministra del ramo, Ana Mato, pese a las reiteradas peticiones para que lo haga y pese, incluso, a que ella misma lo ha solicitado.

En este sentido, José Martínez Olmos, del PSOE, transmitió a Farjas su “impotencia” e “indignación” por no conseguir que Mato, comparezca en el Congreso.

Martínez Olmos acusó a Farjas de decir “medias verdades” y le aseguró que los ciudadanos “pagan más por todo y tienen menos de todo”, pese a lo que dice el Ejecutivo. Desde esta perspectiva, el diputado socialista exigió a la representante del departamento que dirige Ana Mato que “deje de tomar el pelo a los ciudadanos españoles”.

En la misma línea se manifestó Gaspar Llamazares, de la Izquierda Plural, quien como el Psoe lamentó que Mato no comparezca en la Cámara Baja, como le han pedido que haga en reiteradas ocasiones los grupos parlamentarios, para dar explicaciones sobre las medidas adoptadas. Su comparecencia, dijo, es de “alerta sanitaria”.

Por su parte, Conchita Tarruella, de CiU, confió en que “comparezca de una vez” la ministra del ramo, a quien, afirmó, le habría gustado preguntar muchas cosas.

Admitió Tarruella haber podido compartir “el fondo” de las reformas sanitarias del Gobierno, pero no “en absoluto” las formas ni el contenido, ya que no tienen en cuenta ni a políticos ni a profesionales, además de no ser, como asegura el Ejecutivo, “justas”.

Solo Manuel Cervera, del PP, no consideró denunciable que la ministra de Sanidad no haya pasado en casi un año de estancia en el Gobierno por la comisión del ramo del Congreso de los Diputados. Argumentó que Mato ha respondido a muchas interpelaciones y preguntas orales en el Pleno de la Cámara.

Contraatacó, como la propia Farjas, diciendo que las dos últimas ministras de Sanidad socialistas, Leire Pajín y Trinidad Jiménez, solo comparecieron en la comisión tras situaciones de emergencia o alerta sanitaria.