El Grupo Popular pretende así que la futura norma establezca "las modificaciones necesarias en el proceso judicial de determinación de apoyos para la toma libre de decisiones de las personas con discapacidad que los precisen".

De esta forma, argumentó el diputado popular Francisco Vañó durante su defensa de la iniciativa en el Pleno, la normativa española en esta materia cumpliría con los requerimientos del artículo 12 de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en esta materi.

El citado artículo señala que los Estados partes deben reconocer que los ciudadanos con discapacidad "tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás en todos los aspectos de la vida".

La convención añade, en la misma línea, que los Estados parte "adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica".

Vañó recordó que el tratado de la ONU aboga por facilitar los apoyos necesarios a las personas con discapacidad intelectual para que puedan ejercer su capacidad jurídica y tener así "su propio traje a medida".

Y es que, aseguró, todas las personas tienen capacidades, aunque sean residuales, y si se les ayuda a utilizarlas, pueden hacerlo.

Para Gracia Fernández, del PSOE, la iniciativa está "fuera de lugar y fuera de tiempo", ya que pide al Gobierno que cumpla lo que ya debería haber cumplido.

ADAPTACIÓN A LA CONVENCIÓN DE LA ONU

Fernández explicó que en agosto de 2011 se aprobó una ley relativa a la adaptación de la normativa española a la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que daba al Gobierno el plazo de un año para presentar un proyecto de ley sobre el asunto de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad.

Por este motivo, añadió la diputada, el PSOE da su apoyo a esta PNL, pero quiere que se cumpla, es decir, que se presente un proyecto de ley que regule la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, en el plazo de tres meses.

En el mismo sentido que el PSOE se manifestó Olaia Fernández, del Grupo Mixto, que consideró que la proposición no de ley socialista debe hacerse realidad, pero en un plazo de tiempo determinado, y que calificó de "curioso" que el Partido que sustenta el Gobierno inste al Ejecutivo a hacer los deberes que ya tendría que haber hecho.

Por su parte, Conchita Tarruella, de CiU, apoyó también la propuesta, si bien, dijo, le gustaría que añadiera "un matiz" encaminado a reconocer y respetar el derecho civil propio de las comunidades autónomas que ya hayan desarrollado los mandatos de la iniciativa, como es, afirmó, el caso de Cataluña.

El PNV consideró, por boca de su diputada Arantza Tapia, que lo oportuno habría sido presentar un proyecto de ley con una partida presupuestaria concreta, en lugar de una proposición no de ley, pero no se opuso a la propuesta popular.

Toni Cantó, de UPyD, dio también el sí a una iniciativa que "llega tarde", pero que siempre es "bienvenida" y que da cumplimiento a una premisa que, en su opinión, debiera ser obvia, pero que no lo es: que las personas con discapacidad puedan ejercer su capacidad jurídica y que cuenten para ello con los apoyos necesarios, cuando los precisen.

Contó el texto con la abstención de la Izquierda Plural, que según manifestó su diputada Caridad García "no se fía" de lo que pueda hacer el Grupo Popular a la hora de legislar sobre este aspecto.

"Pondremos todo nuestro empeño para evitar que se restablezca el criterio discriminatorio hacia las personas con discapacidad con fin paternalista", aseguró García.