La moción es la consecuencia de una interpelación formulada por el socialista José Martínez Olmos a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, el pasado 21 de noviembre, y perseguía, básicamente, que el Ejecutivo diera marcha atrás en todas las reformas sanitarias acometidas hasta ahora.

También este miércoles fue Martínez Olmos quien defendió la iniciativa ante el pleno, donde argumentó que "un partido no puede romper lo que la sociedad ha creado con tanto esfuerzo", como está haciendo, dijo, el PP al "desmantelar" la sanidad pública, puesto que en los once meses que lleva el Gobierno en el poder, agregó, acumula una deuda de 7.000 millones de euros.

Lamentó Martínez Olmos que la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, "no dé la cara" en el Congreso de los Diputados, ante las medidas que está adoptando su Gobierno en materia de salud.

En este sentido, se refirió "al proceso privatizador" que el Ejecutivo de Mariano Rajoy está llevando a cabo en comunidades como la de Madrid o Valencia y aseveró que hay que paralizarlo.

Finalmente, el diputado socialista dijo que no se pueden aprobar medidas "sin dar la cara", como ha hecho el Gobierno al introducir "el copago" en los medicamentos de dispensación hospitalaria, algo que el Ejecutivo niega.

La moción contó con el rechazo manifiesto del Grupo Popular, que por boca de su diputada Lourdes Méndez defendió la actuación del Gobierno, que, a su parecer, está obrando "con responsabilidad".

Ni responsable ni coherentes son para Méndez las peticiones que hacen los socialistas en su moción, que a su juicio está ya desfasada, pues plantea demandas satisfechas, como la de la deuda a las farmacias.

"Se puede estar o no de acuerdo con las medidas adoptadas por el Gobierno, pero no se puede negar que han dado resultados", dijo la representante popular, que aseguró que "se han destapado importantes irregularidades en el aseguramiento" y se ha conseguido garantizar la igualdad de trato en todo el Estado español.

Conchita Tarruella, de CiU, afirmó compartir varios de los puntos del texto socialista, pero no con todos, puesto que algunos entran en conflicto con las competencias autonómicas y otros son matizables.

En la misma línea, Emilio Olabarría, del PNV, consideró "muy pertinentes" puntos de la moción como el relativo al copago o a la universalización real de la asistencia sanitaria, pero denunció, como CiU, que el texto no respeta las competencias autonómicas.

De acuerdo con la moción, aunque también la matizó, se mostró Gaspar Llamazares, de La Izquierda Plural, quien pidió al Gobierno de Mariano Rajoy que "reflexione y rectifique", porque si no lo hace, advirtió, "la sanidad será la tumba del Partido Popular en Madrid", donde "se está produciendo una administración desleal del sistema sanitario".

Como La Izquierda Plural se manifestó UPyD, quien a través de su diputada Rosa Díez destacó y apoyó los aspectos referidos al acceso igualitario a la salud que plantea el texto socialista.

Por último, el Grupo Mixto defendió también la iniciativa y dijo, mediante la intervención de Joan Baldoví, que el servicio sanitario privatizado "es peor" y que el ciudadano "lo nota". "Si no fuera negocio", añadió, "no estarían detrás las empresas".

LA MOCIÓN

El texto de los socialistas abogaba por reconocer el derecho a la asistencia sanitaria financiada con fondos públicos a todas las personas, "por razón de ciudadanía", mediante la elaboración de un proyecto de ley que asegurara "la universalización plena de la asistencia sanitaria".

Igualmente, la iniciativa proponía el restablecimiento de la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud, "sin previsión de copago por parte de los usuarios y garantizando que en las aportaciones en la prestación farmacéutica quedarán excluidos los pensionistas y los parados de larga duración sin prestación económica".

En la misma línea, pedía que se suprima la categorización de carteras de servicios sanitarios -básica, suplementaria y accesoria- establecida en el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril.

El PSOE exigía, del mismo modo, "paralizar de inmediato" la privatización de servicios sanitarios públicos que se está produciendo en determinadas CCAA, "en especial en Madrid, Valencia, Castilla la Mancha, Castilla y León y Extremadura, para evitar riesgos de afectación del derecho constitucional de protección de la salud y en la calidad asistencial".

La misma iniciativa instaba al Gobierno a presentar, en el plazo de un mes, un proyecto de ley que garantizara la naturaleza pública de la financiación, la provisión y la gestión de los servicios de salud e impidiera que en la prestación de servicios sanitarios no se diera la calidad asistencial necesaria y no se respetaran los derechos de los usuarios.

Finalmente, la moción quería que el Ejecutivo asegurara la prestación farmacéutica en el conjunto del sistema sanitario evitando que situaciones de impago a oficinas de farmacia pusieran en riesgo la accesibilidad a los medicamentos.