"Existe un amplio consenso social", dijo en la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, "en el sentido de asegurar un nivel de tolerancia cero frente a la corrupción. No podemos permitir que este fenómeno siga envenenando el funcionamiento de la economía de nuestro país, su imagen internacional, la integridad de las arcas públicas, la probidad en las relaciones comerciales y el cabal desempeño de las prerrogativas de las instituciones públicas", dijo Torres-Dulce.

Después de este alegato, aseguró a los diputados que "junto a la furiosa agresión del terrorismo no hay forma más devastadora de ataque a la democracia y a sus valores que la devaluación de las instituciones por la venalidad de sus responsables".

Calificó de excelente la actuación de la Fiscalía Anticorrupción, que, a su juicio, ha revalidado en 2011 su carácter de órgano de referencia nacional e internacional en la lucha contra la criminalidad económica cualificada.

El pasado año, los 17 fiscales integrados en el órgano central de esta Fiscalía Especial contaron con la colaboración de otros 16 fiscales delegados territoriales y 7 fiscales delegados temporales para perseguir la delincuencia económica.

Pese a este despliegue, el fiscal general considera que siendo necesario que en el futuro se contemple una ampliación de la plantilla de este órgano del Ministerio Fiscal, dada la entidad y complejidad de los asuntos que se ve obligado a asumir.

ASESINATOS Y VIOLACIONES EN ALZA

Según la Memoria, los delitos más violentos se dispararon en 2011. Los asesinatos, las violaciones, los secuestros y los robos con intimidación y con fuerza en casa habitada, así como las extorsiones y las agresiones sexuales a menores, se incrementaron notablemente el año pasado en relación a las cifras de 2010, según recoge la Memoria anual de la Fiscalía General del Estado.

Su máximo responsable, Eduardo Torres-Dulce, acudió hoy al Congreso de los Diputados para presentar lo hecho por la Fiscalía durante el pasado año. Además de esos delitos violentos, el tráfico de influencias y el cohecho registraron aumentos de más del 44 por ciento, y también subieron significativamente las prevaricaciones administrativas y las malversaciones de caudales públicos.

El fiscal se comprometió a ciertas modificaciones que afectan a la presentación y enfoque de las futuras memorias de esta institución. Intentará, a partir del próximo año, dar los datos más significativos que afecten a la Fiscalía en el primer trimestre del año siguiente y no a final del ejercicio, como ocurre ahora.

El fiscal general del Estado ya explicó ante el Rey el contenido de la Memoria de la Fiscalía, en el acto de apertura del año judicial, celebrada en el Tribunal Supremo.

El último año del Gobierno de Zapatero y cuarto de la crisis económica se saldó con un incremento ligero del número de procedimientos judiciales abiertos por delito, un total de 4.477.380, lo que supuso un 0,07% más que en 2010, y menos que en 2007, 2008 y 2009.

Pero, por contra, aumentaron significativamente los procedimientos abiertos por delitos graves como asesinatos (un 15,63%), violencia doméstica no habitual (15,46%), violación (28,30%), robos con intimidación y violencia (14,47%), extorsión (31,33%), robos con fuerza en casa habitada (19,04%), y detención ilegal (18%).

Un delito que experimenta un aumento espectacular en el número de diligencias penales abiertas es la agresión sexual a menores (de 6 a 144 causas), como el abuso sexual a menores (de 20 a 471 causas) o el acoso a menores mediante telecomunicaciones (de 3 a 77 causas).

En cualquier caso, este aumento no es tradución directa de un incremento correlativo de este tipo de conductas, sino que obedece a la reforma operada en esta materia en el Código Penal a partir de diciembre de 2010, en virtud de la cual las agresiones y abusos sexuales a menores de 13 años se tipifican a partir de entonces separadamente mediante las figuras agravadas introducidas en el artículo 183 del Código, creándose asimismo el tipo penal nuevo de acoso telemático de menores, o "child grooming", en el artículo 183 bis.

Esta nueva figura permitirá en años sucesivos hacer un seguimiento específico de la evolución de la delincuencia en un ámbito tan sensible como es el de la protección de los niños frente a intromisiones tecnológicas en su esfera de indemnidad sexual.

Hay también incrementos relevantes en modalidades delictivas de gran trascendencia: es el caso de la prevaricación administrativa, que experimenta un aumento del 2,74%; la omisión del deber de perseguir determinados delitos cometidos por funcionario público, que aumenta el 114,29%, pasando de 14 a 30 causas; la denegación de auxilio por funcionario del 26,32%; el cohecho, que crece en un 45,33%; el tráfico de influencias, en un 44,12%, la malversación de caudales públicos, en un 24,16%.

Es también significativo y preocupante, según expuso Torres-Dulce, el incremento de causas abiertas por actos violentos o coactivos ejecutados sobre partes o intervinientes en litigios, con el propósito de influir en los mismos o como represalia por su actuación procesal, que pasan de 175 diligencias previas abiertas en el año 2010 a 260 incoadas enel 2011, lo que supone un incremento del 48,57%.

En la Audiencia Nacional ha habido una reducción general de asuntos por la disminución de la actividad terrorista de ETA y su entorno, y por la reducción competencial en materias como la falsificación de moneda, pero sí ha aumentado el número de asuntos penales registrados por la Fiscalía Anticorrupción, pasando de 37 a 39.

VIOLENCIA CALLEJERA

Torres-Dulce destacó que en el caso de la organización terrorista ETA no han bajado la guardia ni piensan hacerlo.

En 2011 no hubo atentados de ETA en España, y sólo se registraron 5 casos de violencia callejera (un 86% menos que en 2010). Fueron detenidos por ello 9 individuos en España y 3 en el extranjero.

Además, hubo 173 diligencias abiertas por delito de enaltecimiento del terrorismo: 106 en Vizcaya, 54 en Guipúzcoa y 13 en Alava. Se observa en todo caso un importante descenso de este tipo de causas, pues en el año 2010 se incoaron 344, descenso que ha sido continuado en los últimos años.

En cuanto al terrorismo yihadista, a lo largo del pasado año fueron detenidas en nuestro país por implicación en causas de esta índole un total de 20 personas, de las cuales 6 lo fueron por reclamaciones judiciales procedentes de otros países.

La cifra total de detenidos durante los últimos 7 años asciende a 495 personas, observándose un importante descenso interanual, pues fueron 138 en el año 2004, 131 en el año 2005, 56 en el 2006, 52 en el 2007, 61 en el 2008, 26 en el 2009, 11 en el 2010 y 20 en el 2011.

Las causas incoadas por delitos contra las relaciones familiares han experimentado un incremento del 14,45%. Es apreciable en este apartado el impacto estadísticoque han podido tener las investigaciones desarrolladas en todo el territorio español como consecuencia de las denuncias de casos de niños sustraídos, lo que posiblemente ha redundado en un importante aumento del número de expedientes judiciales incoados por delitos de suposición de parto (de 10 en el año 2010 a 121 en el año 2011) y alteración de estado civil (de 15 a 74).