En una nota de prensa, la AUGC alertó de que dicha reforma, " de aprobarse, supondrá de facto el fin del asociacionismo en la institución" y "el mayor retroceso de la historia del asociacionismo". Aunque su denuncia se focaliza sobre la Guardia Civil, podría hacerse extensiva al conjunto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Según advierte, la modificación del Régimen Disciplinario constituiría "un intento de cercenar el derecho de asociacionismo" y pretende "corregir a la propia Justicia, que sistemáticamente ha dado la razón a los servicios jurídicos de AUGC" e "impedir a los dirigentes de la organización que hagan uso de la libertad de expresión y reunión reconocido en la Constitución y en su Ley de Derechos y Deberes".

La AUGC anuncia que, de consumarse esta reforma, "lo considerará un ataque frontal a nuestras legítimas funciones como representantes de los trabajadores de la Guardia Civil, ya que condenaría a las asociaciones profesionales a ser meros títeres de la dirección y la cúpula militarista".

La modificación del Reglamento, añade, supondría "la salida de la organización de cualquier ámbito oficial, y la vuelta a las tácticas del pasado cuando estuvo condena a la clandestinidad".

ACCIONES PUNIBLES

La reforma prevé que los miembros de una asociación "responderán disciplinariamente por los actos y omisiones realizados en el ejercicio de sus actividades asociativas".

Entre tales actos se incluye el de "organizar, participar o asistir en lugares de tránsito público a reuniones o manifestaciones de carácter político, sindical o reivindicativo, haciendo uso de su condición de Guardia Civil", así como "asistir a reuniones o manifestaciones portando armas o vistiendo el uniforme reglamentario”.

El Reglamento declara punibles "cualquier manifestación, expresión pública o acto de propaganda, realizados por cualquier medio, oral o escrito, a favor o en contra de partidos políticos o sindicatos, de sus candidatos o de sus programas u opciones políticas o sindicales, siempre que quede de manifiesto la condición de guardia civil de quien las efectúe".

También el ”hacer reclamaciones o peticiones en forma o términos irrespetuosos u omitir el conducto reglamentario para formular cualquier solicitud, reclamación o queja relacionada con el servicio”, lo que de hecho imposibilitaría cualquier denuncia o demanda asociativa de mejora de las condiciones laborales de los agentes.