La policía ha detenido a otras ocho personas, entre ellas a Ángel de Cabo, un empresario que se dedica a comprar sociedades en quiebra y que está inmerso en varios sumarios judiciales, según informaron a Servimedia fuentes de la investigación. Las detenciones no han sido ordenadas por el instructor de la causa, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, y han sido practicadas de oficio por la Policía con el conocimiento del magistrado, según informaron fuentes jurídicas.

La operación, denominada ‘Crucero’ y en la que se han realizado nueve entradas y registros en domicilios particulares, continúa abierta. Las fuentes jurídicas consultadas señalaron que a lo largo de la investigación se concretarán los delitos que se imputan a Díaz Ferrán y De Cabo.

La operación ha sido desarrollada en Madrid y Valencia y no se descarta que en las próximas horas se realicen nuevos arrestos, según la Policía Nacional.

Además de Díaz Ferrán y De Cabo, han sido arrestados el empresario de Castellón Iván Losada, socio de De Cabo; su secretaria, Susana Mora; y su cuñado, Teodoro Garrido, según fuentes de la investigación.

Han sido asimismo arrestados los supuestos testaferros de De Cabo Rafael Tormo, Antonio García, Carmelo José E. G. y José Enrique P.M.

YATES Y APARTAMENTOS DE LUJO

Las detenciones se producen en el marco de la causa abiertas por Velasco en julio pasado por orden de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. El magistrado investiga desde entonces la presunta ocultación de bienes de Díaz Ferrán para no hacer frente a las deudas del grupo Marsans.

La investigación fue abierta a raíz de la denuncia presentada por Hoteles Meliá, Viajes Iberojet y AC Hoteles contra Díaz Ferrán, su socio Gonzalo Pascual, ya fallecido, y contra Ángel del Cabo por ocultar, entre otros bienes, propiedades de lujo (vehículos, yates y apartamentos) para no responder a las deudas contraídas.

Marsans debe 45 millones de euros a varios hoteleros y habría además, según la Fiscalía, más de 10.000 perjudicados por la presunta ocultación del expresidente de la patronal y sus socios.

Se espera que los detenidos de este lunes sean puestos a disposición del juez Velasco el próximo miércoles, según fuentes jurídicas.

De forma paralela a la causa de Velasco, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga a Díaz Ferrán por presunta estafa y apropiación indebida a través de Viajes Marsans.

COACCIONES A JUECES

De Cabo es un viejo conocido de la justicia y está inmerso en varios sumarios judiciales. También está imputado en la causa abierta en la Audiencia Nacional contra la familia Ruiz-Mateos por desviar presuntamente 78 millones de euros del dinero que aportaron los 4.110 inversores presuntamente estafados para “mantener su alto nivel de vida” y realizar operaciones como “pagar las hipotecas de las viviendas de los hijos varones”.

El instructor de esta causa, el juez Pablo Ruz, acusó en un auto dictado en febrero pasado a Ángel Cabo, especialista en “reflotar o en su caso liquidar mercantiles que se encuentran en situación de crisis” y propietario de Back in Business, la empresa que adquirió la gran mayoría del Grupo Nueva Rumasa en septiembre 2011, de llevar a cabo una serie prácticas ilegales.

Ruz señalaba que Cabo, “para lograr el máximo beneficio”, llevaba a cabo estrategias que consistían en “la elaboración de documentos predatados, prácticas de extorsión, coacción y amenazas a administradores concursales, jueces de lo mercantil y otras personas que pudieran hacer peligrar sus planes”.

El magistrado sostenía además que Cabo “podría haber firmado un acuerdo privado” con José María Ruiz-Mateos para repartirse los beneficios que podría obtener de la liquidación de las empresas del grupo.