La iniciativa tiene dos puntos, el primero de ellos con sugerencias en el ámbito laboral y social, como cerrar un acuerdo con las entidades y los sindicatos que permita mantener el mayor número posible de puestos de trabajo fomentando la recolocación, formación y readaptación de los trabajadores.

Proponen que se cree un fondo específico para ello, aunque precisaron que no está cuantificado porque desconocen el número de trabajadores afectados.

Proponen una estrategia a cinco años que, entre otras cosas, determine las plantillas operativas para garantizar la viabilidad y solvencia de las entidades afectadas.

En los supuestos de fusión, segregación, asociación, agrupación o adquisición de las entidades que componen los bancos afectados, así como en el supuesto de transferencias de personal entre distintas entidades, esa estrategia establecería el régimen de las condiciones de los trabajadores afectados.

Quieren, en todo caso, que una comisión de seguimiento vele por el cumplimiento de esa estrategia e informe de ello al Congreso de los Diputados.

El segundo punto, sobre reparto de la carga financiera, propone dotar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de los recursos necesarios para poder revisar uno a uno los expedientes de todos los minoristas titulares de participaciones preferentes.

Eso permitiría excluir de las quitas a los titulares que, a juicio de la CNMV, no tengan las condiciones de idoneidad para ser considerados inversores financieros y se pueda deducir, por tanto, que fueron engañados.

Esos titulares, tendrían derecho a recuperar la liquidez de sus ahorros o a convertirlos en un depósito a un plazo no superior a tres años, en ambos casos con el canje por el valor nominal de los títulos.

Los socialistas quieren además que el fiscal general del Estado inicie las actuaciones necesarias para determinar las responsabilidades por el posible fraude en la comercialización de esos títulos.

Los socialistas creen que incluso si todos esos expedientes resultaran ser de ahorradores a los que hubiera que reponer la liquidez, apenas supondría para las arcas públicas el 3% de todas las ayudas que se ha dado por distintas vías al sistema financiero.

La iniciativa fue presentada en rueda de prensa por los portavoces socialistas Valeriano Gómez, Concha Gutiérrez y Antonio Hurtado, que acusó al Gobierno de querer “finiquitar” lo ocurrido con las preferentes sin dar una solución “justa” a los afectados y sin esclarecer una “estafa”.