Asimismo, Pino aseguró en Córdoba que un tercio de las personas con discapacidad que realizan estudios universitarios lo hacen a través de la UNED, “lo que hace sospechar que aunque todas las universidades públicas cuentan con servicio de atención a la discapacidad, éstas siguen siendo poco accesibles”.

Para Pino, el objetivo de las universidades españoles debería ser conseguir que los universitarios con discapacidad “no tengan ninguna dificultad añadida o diferente al del resto de sus compañeros para conseguir su carrera”.

Con este objetivo, actualmente se han reconocido una serie de medidas a nivel legislativo, como la reserva de plazas, la adaptación de pruebas de selectividad de grado y máster, la accesibilidad de todos los espacios universitarios, tanto físicos como virtuales, y de los planes de estudios y la creación de Servicios de Atención a los Estudiantes con Discapacidad.

Sin embargo, Pino reconoció que la ley no es suficiente, ya que “además hay que cumplirla”, y apoyó las reivindicaciones del Cermi (Comité Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad), abogando por seguir fomentando el desarrollo normativo por parte del Estado, las comunidades autónomas y la Universidad; la consolidación de los Servicios de Atención a los Estudiantes con Discapacidad, la coordinación entre todas las administraciones implicadas y el movimiento asociativo y la mejora de la accesibilidad de las instalaciones.

EFICACIA EMPRESARIAL Y COMPROMISO SOCIAL

Por su parte, la directora de Formación y Empleo de la Fundación ONCE, Josefa Torres, destacó la importancia de una formación cualificada de las personas con discapacidad para poder conseguir su integración laboral en el mercado de trabajo y, así, “saltar de un empleo protegido a uno ordinario”.

En este sentido, afirmó que “es posible obtener una eficacia empresarial con un compromiso social”. Según Torres, el problema es que “actualmente existe cierta dificultad en normalizar la incorporación laboral de las personas con discapacidad”.

Al hilo de estas declaraciones, Torres aportó datos concretos de la situación laboral en España de este colectivo, destacando que “cerca de un millón y medio de personas con discapacidad se encuentran en edad laboral, de las que sólo 526.000 están trabajando, y 956.000 están inactivas”.

“Teniendo en cuenta que en España somos 3.800.000 personas con discapacidad, según la última encuesta del INE, y que esta cifra representa el 8,5% del talento en nuestro país, no podemos permitirnos prescindir de él”, concluyó.