De una moción por la que el Congreso de los Diputados aprobaba “constituir” una subcomisión para el estudio de “medidas concretas que permitan un impulso democrático”, se pasó a otra por la que la Cámara Baja manifiesta su “voluntad de encomendar” a la Comisión de Reglamento los trabajos para impulsar, “desde el mayor consenso posible” los cambios que contribuyan a mejorar el funcionamiento de la casa parlamentaria.

La iniciativa del grupo parlamentario que lidera Cayo Lara, pedía medidas para reformar el Reglamento del Parlamento, con el fin de “permitir una mayor participación ciudadana en los trabajos parlamentarios y una mayor conexión entre representantes y representados y que regule la forma de hacer efectivas las comparecencias del presidente del Gobierno y los Debates del Estado de la Nación”.

También reclamaba medidas para reformar las “condiciones laborales de los cargos públicos”, establecer instrumentos de control sobre los programas presentados a las elecciones, una nueva regulación de las Iniciativas Legislativas Populares y hacía referencia a la movilización del 25-S.

En este sentido, el texto inicial de IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural instaba a las instituciones y a los poderes públicos “a que no criminalicen a los movimientos sociales y colectivos ciudadanos críticos con la situación que viven millones de ciudadanos a consecuencia de la crisis”.

Esta referencia desaparece también de la enmienda que La Izquierda Plural ha aceptado del PP y que se limita a manifestar la “voluntad” del Congreso “de encomendar” a la comisión pertinente “la puesta en marcha de los trabajos para impulsar, desde el mayor consenso posible, los cambios reglamentarios que contribuyan a mejorar el funcionamiento de la cámara y a lograr una mayor identificación en su capacidad de representación de los ciudadanos”.

Además, el texto pactado dice que el Congreso “adopta el compromiso, desde los principios de transparencia, responsabilidad y fortalecimientos institucional, de impulsar y debatir, en su seno, medidas que incidan en la profundización y regeneración democrática, tomando como base de discusión el informe que, a estos efectos, ha encargado el Gobierno al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales”.

ABRIR UN PORTILLO

Durante el debate parlamentario de la moción, el portavoz de la Izquierda Plural, José Luis Centella, manifestó que la enmienda del PP “abre un portillo, que puede ser pequeño, que quizás tenga alguna trampa, pero que plantea un reto”.

“Nosotros aceptamos el reto de plantear en esta Cámara una alternativa consecuente, sólida, de lo que tiene que ser una democracia avanzada, una democracia del siglo XXI, realmente representativa”, dijo Centella.

Por su parte, el diputado José Antonio Bermúdez de Castro (PP) señaló que su grupo parlamentario “no comparte la mayoría de las propuestas” de la moción defendida por Centella, pero admitió que ambos están de acuerdo en que hay un distanciamiento de los ciudadanos con la política.

En este sentido, el diputado del PSOE Pablo Martín también hizo hincapié en la “patente desilusión de una parte importante” de la sociedad española con quienes les representan en el Parlamento.

El Grupo Socialista también presentó una enmienda que La Izquierda Plural no aceptó pero que agradeció, al plantear cuestiones con las que ambos coinciden.

Por otra parte, el diputado de CiU Jordi Janè defendió que hay que ser “permeables a la sociedad”. Carlos Martínez Gorriarán (UPyD), señaló que el Congreso de los Diputado “no ha criminalizado a nadie”, en referencia a lo defendido por IU sobre el 25-s.

El diputado del PNV Emilio Olabarría se pronunció en contra de la “laboralización” de los parlamentarios, mientras que Rosana Pérez (BNG) señaló que no se puede superar la crisis “sin la confianza” de los ciudadanos y que, para eso, hay que renovar los mecanismos para conformar la voluntad popular.

Joan Baldoví (Equo) recordó que “el CIS lleva más de dos años alertando de la desafección de la ciudadanía”.