Durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, Conde-Pumpido aseguró que la Fiscalía ha actuado “con la prudencia necesaria” en la causa debido a la “puesta en peligro de compatriotas”, en referencia a los 36 tripulantes del atunero, quienes no fueron puestos en libertad hasta ayer, después de 47 días de secuestro.

Por último, el fiscal general explicó que el proceso penal en la Audiencia Nacional se inició debido a una denuncia de la Abogacía del Estado y aseguró que la Fiscalía se limitó a pedir la legalización de la situación de los dos detenidos una vez fueron trasladados a España.