En una nota de prensa, la AUGC razonó que, aunque los guardias civiles, como el resto de funcionarios, están exentos de estas tasas, la obligación de estar representados siempre por un abogado o procurador dejará "indefensos" a los agentes que no puedan costeárselos.

Para esta asociación, el Gobierno del PP está imponiendo una "justicia para ricos" y, en el caso concreto de los guardias civiles, el coste de contratar un representante judicial disuadirá a muchos de presentar reclamaciones o denuncias en defensa de sus derechos.