De acuerdo con la información remitida por el Fiscal Anticorrupción y por todos los fiscales superiores de las comunidades autónomas, en este momento se tramitan en toda España 594 procedimientos judiciales y 136 diligencias de investigación preprocesal del fiscal por delitos de esta naturaleza, lo que suma 730 asuntos en los que la justicia penal investiga a cargos públicos por actuaciones referidas al ejercicio de su cargo.

Se trata de actuaciones, no de imputados individuales, y en algunas de ellas hay imputados de dos o más partidos, según precisó en su exposición el fiscal general.

En estos momentos se siguen 264 procedimientos penales contra cargos públicos del PSOE, 200 contra miembros del PP, 43 de Coalición Canaria, 30 de CiU, 24 del Partido Andalucista, 20 de Izquierda Unida, 17 del Grupo Independiente Liberal (GIL), 7 de Unión Mallorquina, 5 de ERC, 3 del BNG, 3 del PNV, 1 de ANV y otro de Eusko Alkartasuna. Además, en 67 procedimientos hay imputados de partidos de implantación local, en 16 se trata de independientes, y en 72 no se ha conseguido averiguar la filiación política de los investigados.

Conde-Pumpido concluyó que "hay de todo", y también actuaciones que afectan a presidentes de comunidades autónomas, entre las que se refirió a la seguida contra la presidenta de Madrid hace unos años "porque porque se denunciaron unos hechos a los que aparecía vinculada, y que una vez comprobada su irrelevancia penal, concluyó con el archivo de las diligencias".

También la abierta contra el ex presidente de la Junta de Andalucía, contra quien pende una querella ante la Sala Segunda del Supremo, en la que igualmente el fiscal instruyó previamente unas diligencias de investigación que concluyeron considerando que no hay delito, sin perjuicio de "posibles irregularidades administrativas que pudieran haberse producido".