Zein explicó que la compañía de seguridad se limitó a ofrecer un listado de personas y “esta es la única relación” con los organizadores del evento; “ a partir de ese momento es Diviertt que contrata, y a modo de exigencia piden como requisito que tengan (los empleados) el carné de `controlador de acceso´”, aunque reconoce que no fueron contratados con esa función “porque la empresa que alquila el recinto, es decir (Madrid) Espacios y Congresos, impone que la seguridad la lleve a cabo la empresa de seguridad que se llama Seguriber”.

De esta manera, el abogado de Kontrol 34 desligó a los 63 empleados de la compañía, que estuvieron trabajando en la macrofiesta, del registro de los bolsos, control de aforo, taquillas y de pedir el DNI para restringir el acceso de los menores de edad.

Zein subrayó que “por tanto, la competencia queda asumida absoluta e íntegramente por la empresa de vigilantes Seguriber”, ya que los empleados de Kontrol 34 solo se limitaron a coordinar el orden en las filas y a decir: “Por favor chicos, de forma ordenada” y “llevar taquillas en mano”.

Planteamientos que causaron suspicacia en el abogado de los familiares de Belén Langdon, una de las víctimas, quien se cuestionó que “si no lo habían contratado más que para aportar gente, ¿Qué hacía (el representante de Kontrol 34) por ahí dando vueltas y viendo el personal?, como el mismo ha declarado”.

Abdón Núñez dijo además que “la responsabilidad es medianamente clara de quien haya ejercido la función de controlador de acceso”. Lo que podría quedar establecido el próximo 11 de diciembre cuando el representante legal de Seguriber comparezca ante el juez Eduardo Rodríguez Palop.

Para este viernes queda pendiente que en la unidad de Homicidios se abran las urnas que contienen las taquillas del evento, de las cuáles Núñez criticó que no “fueran partidas a la mitad para evitar la duplicidad” y con esto determinar la cifra real de la cantidad de personas que se encontraban dentro del recinto.

PEDIR AMPLIAR LAS IMPUTACIONES

El abogado de los de los familiares de las víctimas y el sindicato Manos Limpias adelantaron que pedirán la ampliación de las imputaciones al entender que podría haber alguna responsabilidad penal de parte de la Policía Municipal y otros representantes del Ayuntamiento de Madrid, aunque no especificaron nombres.

Asimismo, el abogado que representa a los familiares de Rocío Oña, Felipe Moreno, criticó la libertad sin fianza que le fue otorgada el pasado martes al representante legal de Diviertt. Consideró que Miguel Ángel Flores presenta “peligro de fuga” por poseer negocios en el exterior.

Mientras que el secretario general de Manos Limpias advirtió que al final de las declaraciones podría solicitar un “careo entre todas las partes, para ver el grado de responsabilidad de todos los imputados” a raíz de que “todos quieren echarle la culpa al vecino”.