Valenciano compareció en rueda de prensa junto al alcalde de Toledo y secretario general de los socialistas de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, y el alcalde de Vigo y máximo responsable de los socialistas en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero.

Fue Caballero el que concretó algunas de esas medidas que los alcaldes llevan impulsando desde hace tiempo y que ahora han unificado en una “Declaración de los alcaldes y alcaldesas socialistas en relación con los desahucios y los problemas sociales que están provocando”.

En ella hablan de “poner en marcha iniciativas frente a las entidades financieras que mantengan los desahucios, entre ellas la retirada de sus depósitos” o el traspaso de los créditos del ayuntamiento contraidos con quienes mantengan los desahucios en viviendas habituales cuyos propietarios hayan incurrido en insolvencia sobrevenida.

El objetivo de los socialistas, decía Valenciano, es “que ninguna familia en España se quede sin techo” y, por tanto, siguen reclamando para los desahucios mientras se reforma profundamente la Ley Hipotecaria.

Para ello, el PSOE quiere “tensionar” su propia organización y sobre todo a sus alcaldes porque, como decía García Page, los ayuntamientos son el nivel administrativo que más debe “presionar” para parar esos desahucios, aunque gran parte de las competencias están en manos de las comunidades autónomas.

Es una cuestión “de derechos, no de caridad”, alertó Elena Valenciano, para quien la moratoria aprobada por el Gobierno es “mucho menos que un parche” porque deja fuera a la inmensa mayoría de los afectados y “hay que reunir muchas desgracias” para poder beneficiarse de las medidas.

Además, para el PSOE, las advertencias de Bruselas no son excusa y reiteran la necesidad de “ir allí a pelear” las decisiones que se toman en España atendiendo a la situación de los ciudadanos.

Si, como dice el Gobierno, la mayor parte de los desahucios son de segundas y terceras viviendas, fincas rústicas o locales comerciales y son pocos los amenazados con la pérdida de su vivienda habitual, resolverlo no debería suponer “una grane convulsión” para la economía española.

Los alcaldes socialistas pretenden parar los desahucios por la vía de hecho mientras el PSOE sigue peleando por ese respaldo legal mediante la modificación de la Ley Hipotecaria.

Para ello, pretenden prestar asesoramiento legal a las familias amenazadas; mediar para reestructurar la deuda, establecer quitas o controlar los intereses de demora; y mover el parque de viviendas vacías para establecer programas de dación en pago con alquiler social.

Plantean también retirar el impueso de plusvalías para las viviendas cuyos propietarios hayan sido desahuciados, hacer publicidad positiva de las entidades que paralicen los desahucios impulsando alternativas, y negar la participación de la policía local siempre que no sea requerida por un juez.

Ya que los bancos ponen “muchas condiciones” y “letra pequeña” a los ciudadanos y también a las instituciones, concluyó García Page, se trata de que también las instituciones, en este caso los ayuntamientos, pongan “condiciones” a los bancos, definidas en función de esos “parámetros sociales”.

En la rueda de prensa, Valenciano aseguró que no tiene “ninguna diferencia” con la ex ministra de Vivienda María Antonia Trujillo, aunque considera “poco oportuno” el comentario que hizo en su cuenta de Twitter sobre la necesidad de que los ciudadanos también afronten las deudas que han adquirido.

En muchos casos, subrayó Valenciano, esos ciudadanos que no pueden pagar su hipoteca y se arriesgan a perder su casa “no son listillos que intentan eludir sus compromisos” y no son responsables de su insolvencia sobrevenida. “Frivolizar sobre ello me parecía poco oportuno”.