Según el último boletín informativo de AUGC, el número 27, la decisión de la Audiencia “es el primer paso para erradicar del ordenamiento jurídico una norma” que puede suponer la aplicación al Instituto Armado “de normas propias de los Ejércitos”.

A juicio de esta asociación, el Gobierno intenta aplicar a la Benemérita “unas normas que no se acomodan y nada tienen que ver con la misión policial que constitucionalmente tiene encomendada la Guardia Civil, y que, por lo tanto, en nada contribuyen a la mejora de la prestación del servicio público de seguridad a los ciudadanos”.

AUGC destacó que este colectivo “apuesta por una norma específica para las unidades de la Guardia Civil, que debe potenciar lo policial y servir para lograr una mayor eficiencia, es decir, mejorar la calidad de la seguridad que se ofrece a la ciudadanía”.

Esta asociación de agentes añade que la orden ministerial que se quiere aplicar al Instituto Armado “supone un recorte en derechos profesionales de los guardias civiles, precisamente en una situación en la que se está registrando una pérdida de derechos fundamentales y el menoscabo importante de otros de carácter social y económico, estos compartidos con el resto de los ciudadanos”.

Por este motivo, AUGC señala que “va a mantener su beligerancia contra todos aquellos cambios normativos innecesarios e ilegales, que sólo satisfacen a los que aún tienen una concepción de la Guardia Civil como un ‘Estado dentro del Estado’ y no como un servicio público”.