Para Durán, las personas con discapacidad constituyen un grupo de interés legítimo a tener en cuenta a la hora de adoptar estrategias y políticas transversales de responsabilidad social corporativa, “como trabajadores, como consumidores, como proveedores, etcétera”.

Desde el punto de vista comercial destacó que en Iberoamérica hay 90 millones de personas con discapacidad, más sus familias, que suponen un importante segmento de mercado a tener en cuenta por las empresas.

Por otro lado, hizo énfasis en la implantación de cláusulas sociales para proveedores, tanto por parte de las administraciones como de las empresas, con el fin de favorecer a contratistas que empleen a personas con discapacidad y, en particular, a los Centros Especiales de Empleo.

INICIATIVAS EN RSC

Alberto Durán destacó que en la Fundación ONCE y el Grupo Fundosa no sólo se desarrollan estrategias y políticas internas de responsabilidad social, sino que también actúan como “prescriptores” en materia de RSC y discapacidad.

En este sentido, recordó distintas iniciativas que se están llevando a cabo con empresas y administraciones públicas, como son el Programa Inserta, que ofrece planes personalizados para cada empresa en función de sus características de negocio; el Foro Inserta Responsable, compuesto por más de medio centenar de socios; el Foro de Contratación Pública Socialmente Responsable, y la Red Europea RSE+D.

Todos estos, indicó, son ejemplos de una política de alianzas que es fundamental para la puesta en marcha de iniciativas, ya que cada actor por separado no se va a bastar para superar la crisis.