En respuesta a una pregunta del diputado del PNV Emilio Olabarría, Caamaño insistió en que el Ejecutivo cumplió en ese caso con la Constitución, con el Estado de Derecho y con el protocolo de la Operación Atalanta.

Por su parte, Olabarría aseguró que "quedan puntos oscuros que esclarecer, quedan responsabilidades políticas que dilucidar y, probablemente, quedan dimisiones que solicitar".

El diputado vasco expresó su especial preocupación por "la relevante participación del lehendakari vasco", que, a su juicio, interpretó de manera "desenfocada" a la sociedad vasca "transmitiendo que quería un castigo ejemplarizante de los piratas".

Según el titular de Justicia, "los únicos responsables" de la decisión de traer a España a los piratas "son el Estado de Derecho y un Gobierno que cumple la ley y que actuando responsablemente y con la ley en la mano" ha permitido que hoy podamos "alegrarnos de la liberación de nuestros compatriotas".

Para el representante del PNV, se ha llevado a los dos piratas a la Audiencia Nacional contra la opinión del propio tribunal, "contra la opinión del fiscal general del Estado, del Ministerio de Defensa, de los servicios de inteligenncial; contra la opinión de todo el mundo, de todos los estamenos jurídicos, de todos los expertos, contra los requerimientos del Código Penal, donde no está tipificado el delito de piratería, contra el protocolo de actuación Atalanta, y mediante la negación del convenio de la Unión Europea que propicia el juicio de los piratas en Kenia".

Según el ministro de Justicia, "en una democracia no hay más opinión que la de la ley", que es la que se ha aplicado tanto en el caso del "protocolo de la Operación Atalanta, de nuestra legislación procesal o de nuestra Constitución".

Caamaño insisitó en que el Ejecutivo ha actuado con "discrección", "responsabilidad" y "prudencia" con el objetivo de liberar a los pescasdores y "en ello ha contado con al apoyo del Gobierno de Galicia, y del País Vasco, con la compresión de las familias y con el apoyo de otras fuerzas políticas".

Tras insinuar que el PNV actúa dejándose llevar por motivaciones electorales, acabó afirmando que "el Gobierno responde de haber actuado conforme a la ley, deteniendo a quienes habían atentado contra ciudadanos e intereses españoles, responde de aplicar la Constitución y de ponerlos a disposición del juez y responde de haber gestionado con éxito la liberación de nuestros ciudadanos".