Ese día, a las 5.40 de la madrugada, hora española, la tripulación del atunero avisó de que el buque estaba siendo atacado, y a las 9.58 un avión del dispositivo "Atalanta" informó a la fragata "Canarias" de que había confirmado visualmente la presencia a bordo de al menos dos personas "armadas con rifles", mientras el pesquero modificaba su rumbo desde aguas de Seychelles hacia la costa de Somalia.

Inmediatamente el Gobierno puso en funcionamiento la comisión de coordinación con "Atalanta" y se apresuró a señalar como objetivo prioritario la seguridad de los tripulantes y su liberación.

En el centro de las operaciones ha estado la embajada española en Kenia, donde el embajador Nicolás Martín Cinto, en compañía del armador del barco, y de varios miembros del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) han llevado las mediaciones.

Apenas tres días después, la ministra de Defensa, Carme Chacón, admitía que ese secuestro tenía visos de ser "más largo" que el del "Playa de Bakio", que duró seis días en abril de 2008.

EL PROCESO JUDICIAL

El "Alakrana" había sido secuestrado por piratas a 413 millas de la costa somalí y a unas 800 de la situación donde estaba la fragata "Canarias", que era justo en la zona comunicada por las asociaciones pesquera a la operación "Atalanta" para que dieran protección a los barcos.

Un día después, durante la noche, una operación militar acabó con la detención de dos piratas que habían abandonado el "Alakrana", Abdu Willy y Raagaggesey Hassan Haji. Se abrió proceso judicial el 4 de octubre después de que el Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, presentara una denuncia ante la Audiencia Nacional.

El juez Baltasar Garzón ordenó al día siguiente el traslado a España de los dos secuestradores y, una vez en Madrid, el 13 de octubre, el magistrado acordó su ingreso en prisión. Aún así, la situación procesal de los piratas estaba lejos de ser resuelta.

Una semana después de haber ingresado en la prisión madrileña de Alcalá Meco, el juez Santiago Pedraz, que se había hecho cargo del caso, ordenó la puesta en libertad de Willy al considerar que las pruebas médicas no habían certificado que fuese mayor de edad.

Comenzó entonces una verdadero galimatias judicial que llevó a Willy a peregrinar de juzgado en juzgado, a dormir en un centro de menores y a ser sometido hasta a siete pruebas médicas distintas.

Finalmente, el 2 de noviembre, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estableció que Willy debía ser considerado mayor de edad y que, por lo tanto, el caso correspondía al juez Pedraz.

Este magistrado decidió en la mañana de hoy martes llevar a juicio a los dos piratas, una vista oral que previsiblemente se celebrará dentro de dos semanas y en la que la Fiscalía pedirá más de 200 años de cárcel para los secuestradores, cerrando así la puerta a alcanzar un pacto con las defensas para que los corsarios puedan ser expulsados a Somalia.

LA LIBERACIÓN

Mientras se dilucidaba la situación legal de uno de los piratas y el procedimiento a seguir, la oposición pasó de criticar al Gobierno a darle todo su apoyo para que la liberación fuera una realidad.

Ese hecho se produjo sobre las 14 horas de hoy martes, cuando todos los piratas abandonaron el "Alakrana" y el pesquero español comenzó su navegación libremente hasta las islas Seychelles.

El "Alakrana" navega ahora, escoltado por la "Canarias", a 13 nudos de velocidad y espera arribar a puerto dentro de 48 horas. Allí, un avión dispuesto por el Ejecutivo con varios familiares, traerá a la tripulación de regreso a España, adonde llegarán el viernes tras una escala técnica en Yibuti.